viernes 19 julio
La Capital  |   | E.P.

El Defensor del Ciudadano y el Ayuntamiento instan a la Junta a que pare el desahucio de la mujer de zona Norte

El plazo para que se vuelva a producir el desalojo ya ha expirado y se puede producir "en cualquier momento"

La mujer, después de que se consiguiera suspender cautelarmente su desalojo el pasado miércoles. Foto: Álex Cámara

El Ayuntamiento de Granada y el Defensor del Ciudadano de Granada han instado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía que solicite ante el juez la suspensión del desalojo pendiente de ejecutar por el Juzgado de Instrucción 3 granadino a una mujer y su hija de doce años de la vivienda del parque público de la Junta en la que residen en la zona Norte de la capital.

En la solicitud municipal, firmada por la concejal de Derechos Sociales de Granada, Jemima Sánchez, se alude a sus "especiales circunstancias sociales, económicas y la presencia de una menor en la vivienda".

"Los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Granada son transitorios y no garantizan que pueda permanecer en ellos hasta la correspondiente adjudicación de vivienda protegida que, conforme a los accesos establecidos para situaciones urgentes de riesgo y exclusión social acreditadas por los Servicios Sociales, corresponda", explica el escrito del Ayuntamiento, sobre la situación de esta usuaria de dichos servicios en la zona Norte.

El pasado 16 de febrero, la Concejalía de Derechos Sociales remitió oficio dirigido a AVRA, dependiente de la Junta de Andalucía, como propietaria y gestora del inmueble donde vive esta familia, en el que solicitaba la remisión de informe al juzgado valorando "la suspensión temporal de la ejecución de la condena, evitando el desalojo, hasta la disposición de recursos adecuados".

Desde entonces, se han mantenido reuniones con los responsables de AVRA y la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta con "objeto de mediar entre las partes y dar seguimiento de las alternativas de alojamiento que pudieran corresponder en el caso", agrega el escrito, que especifica que el 9 de junio el Decanato de los Juzgados comunicó que el día 21 del mismo mes se había previsto el desalojo de la afectada y su hija de doce años, el cual finalmente no tuvo lugar al facilitarse "un plazo voluntario de tres días para que la interesada entregue las llaves de la vivienda de forma voluntaria".

Dado que la vivienda es titularidad de AVRA y "constando en el expediente la renuncia de la vivienda por el entonces adjudicatario de la vivienda en régimen de alquiler" y al encontrarse empadronada en la vivienda una menor de edad, se solicita desde el Ayuntamiento a la Junta que remita informe al juez "para una nueva suspensión temporal de la ejecución de la condena, evitando el desalojo, hasta la disposición de una nueva vivienda protegida".

"Tras pedirle a los juzgados que paralicen el desalojo, nos han comunicado que la única administración que puede solicitar la suspensión del mismo es la propietaria", esto es, AVRA, ha explicado la edil Jemi Sánchez, quien ha subrayado la situación "especialmente vulnerable" de esta familia.

También el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha solicitado al Gobierno andaluz en una declaración pública que "paralice" el desalojo de esta mujer y su hija de doce años, y que les ofrezca "una alternativa habitacional real, digna, efectiva y con garantías".

Así se expone en una declaración pública que el defensor ha realizado después de que el pasado miércoles unas 200 personas, entre vecinos, colectivos sociales y partidos políticos, se concentraran en el domicilio de Natividad Ibáñez y su hija consiguiendo paralizar por unos días este desahucio.

Tras reunirse con la afectada y la plataforma STOP Desahucios, Manuel Martín ha reclamado "que no se vulneren los Derechos Humanos y se garantice el derecho a una vivienda", cumpliendo tanto el marco jurídico estatal como los diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado Español.

Ha recordado que la comunidad autónoma andaluza es la que tiene las competencias para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna para toda la población y por ello desde la Oficina del Defensor de la Ciudadanía ha reclamado que con urgencia las administraciones trabajen en "una solución al grave problema de vivienda que está sufriendo Natividad", de modo que no se quede "en la calle".

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