El despido de trabajadores municipales en Vegas del Genil llega al Parlamento Europeo
El caso cuestiona la legalidad de la medida y su posible vulneración de la normativa europea sobre temporalidad e igualdad
El Parlamento Europeo ha admitido a trámite una denuncia contra el Ayuntamiento de Vegas del Genil, tras la decisión del equipo de Gobierno, encabezado por la alcaldesa María del Carmen Ros Moreno (PP), de eliminar 48 plazas de empleo público de la Oferta de Estabilización de 2022.
Así lo han trasladado desde Ahora Vegas en un comunicado en el que han asegurado que el caso, que ha llegado a Bruselas, cuestiona la legalidad de esta medida y su posible vulneración de la normativa europea sobre temporalidad e igualdad.
Entre los puestos suprimidos, han manifestado, se incluyen cinco plazas reservadas a personas con discapacidad, algo que “retrata la insensibilidad y la deriva privatizadora de este gobierno”.
Desde el Parlamento, la Comisión de Peticiones ha pedido a la Comisión Europea una investigación preliminar y ha trasladado el asunto a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, reconociendo que el caso entra en el ámbito de actuación de la Unión Europea.
El portavoz de Ahora Vegas, Antonio José Carmona, ha afirmado que, mientras la derecha "recorta empleo público, privatiza servicios y precariza a los trabajadores, Europa les recuerda que los derechos laborales también son democráticos”.
El grupo considera que esta investigación europea “es un aviso político y ético” al modelo de gobierno de Ros que pone el negocio por encima de lo público.
"Gravedad de lo ocurrido", según el PSOE
Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vegas del Genil, Leandro Martín López, ha celebrado la decisión del Parlamento Europeo, lo que a su juicio constata "la gravedad de lo ocurrido" y "deja en evidencia una forma de gobernar injusta,
insensible y posiblemente ilegal”.
Martín ha explicado que la alcaldesa del PP eliminó esas plazas “sin informes técnicos que lo avalaran y con la excusa de un ajuste económico inventado”, una decisión que, según el grupo socialista, “solo busca recortar empleo público y allanar el camino a la privatización de
servicios municipales”, ha informado el PSOE en una nota.
Entre los puestos suprimidos, ha recordado, había cinco plazas reservadas a personas con discapacidad, algo que para los socialistas “revela la falta de sensibilidad social y el desprecio del PP por la igualdad de oportunidades”.
“La alcaldesa del PP ha querido eliminar plazas para justificar una privatización que ya tenía decidida”, ha señalado el socialista tras subrayar que este paso del Parlamento Europeo es “un toque de atención muy serio” y que puede tener consecuencias jurídicas si se confirman vulneraciones de la normativa sobre temporalidad, igualdad o derechos laborales.
