jueves 28 marzo
TRIBUNALES  |   | E.P.

El exalcalde de Cogollos Vega defiende su gestión en la promoción de viviendas por la que es juzgado

Ha declarado que toda la tramitación del proyecto contó con informes técnicos favorables y que "nunca" influyó en los trabajadores para que los emitieran en un determinado sentido

El exalcalde de Cogollos Vega, el independiente Francisco Luzón, que está siendo juzgado en la Audiencia por la presunta recalificación ilegal de un terreno para construir viviendas, ha declarado que toda la tramitación del proyecto contó con informes técnicos favorables y que "nunca" influyó en los trabajadores para que los emitieran en un determinado sentido.

Luzón ha sido el primero de los cinco acusados en declarar por esta causa, después de que la Sección Segunda de la Audiencia haya dado la razón a su defensa en la cuestión previa que planteó y haya determinado que solo deberá declarar por el delito de prevaricación urbanística, dejando fuera los de cohecho, negociaciones prohibidas y falsedad documental que le atribuía la acusación particular.

La fiscal del caso sostiene que el solar donde se autorizó el edificio de viviendas estaba clasificado como urbano de uso industrial, si bien, "a través de sucesivos incumplimientos de la legalidad, se llevó a cabo una recalificación del terreno para que el proyecto fuera posible.

El exalcalde ha mantenido que todo el procedimiento contó desde el principio con informes técnicos y jurídicos favorables y se aprobó en pleno por unanimidad. Siempre en presencia del secretario, que no hizo "advertencia alguna de una posible ilegalidad". Ha agregado que las distintas fases del proyecto fueron sometidas a exposición pública, sin que recibieran alegaciones contrarias.

Ha expuesto también que era el secretario, quien también está acusado, el que se encargaba de la tramitación de estos asuntos urbanísticos en tanto que él no tenía conocimientos al respecto y ha negado que tratara de influir en los técnicos. "Ellos han sido neutrales, han hecho los informes de acuerdo a sus criterios y conocimientos", ha mantenido el exregidor, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de prisión y nueve de inhabilitación.

La Sala también ha atendido la cuestión previa planteada por las defensas del secretario y del arquitecto municipal en el momento de los hechos y ha suprimido varios de los delitos que se le atribuían inicialmente por entender que ha existido un "exceso de acusación", en tanto que no estaban recogidos en el auto que transformó las diligencias en procedimiento abreviado. El juicio está previsto que continúe hasta el 31 de enero.

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