sábado 4 diciembre
PONIENTE  |   | E.P.

El exalcalde de Íllora se declara inocente del delito de prevaricación por el que se le juzga

La Fiscalía ha solicitado la pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exregidor

El exalcalde de Íllora Francisco Domene (PSOE) se ha declarado inocente en el juicio que ha empezado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en la supuesta contratación irregular de dos personas que prestaron su labor de manera externa para el Ayuntamiento de la localidad entre 2012 y 2014 supuestamente "troceando" en numerosas facturas el trabajo de carácter continuado que desempeñaban.

Fuentes del caso consultada han indicado que Domene, que ha contestado a todas las partes, ha expuesto ante el tribunal que, como alcalde, tenía delegadas en concejales de su equipo de gobierno local funciones como la realización de contratos menores, y ha defendido en este contexto la legalidad de sus actuaciones en este caso.

La Fiscalía ha solicitado la pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exregidor, que se sienta en el banquillo de los acusados junto los dos trabajadores cuya contratación fue supuestamente irregular y el interventor accidental del Ayuntamiento. Los dos primeros se enfrentan a una petición fiscal por el mismo delito de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el interventor, a nueve años de inhabilitación.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los dos trabajadores acusados fueron, entre 2005 y 2008, técnicos de Empleo de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico con sede en Loja, perteneciente al Consorcio del Poniente granadino, del que forma parte el Ayuntamiento de Íllora.

Cuando se produjo la rescisión de sus contratos por parte de la Consejería de Empleo, según la Fiscalía, el alcalde, "con absoluto desprecio de las formalidades" recogidas en la normativa sobre contratación, les habría propuesto que siguieran vinculados al Ayuntamiento para realizar diversas labores especialmente relacionadas con el fomento del empleo local; desde la tramitación de subvenciones a la organización de cursos de formación profesional o la elaboración de proyectos justificativos del destino de los fondos obtenidos.

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