El exalcalde de Santa Fe dice que no participó en la adjudicación del servicio de grúa del Consorcio de la Vega
Sergio Bueno, para el que la Fiscalía pide dos años de prisión y 16 de inhabilitación; asegura que no tuvo "ningún tipo de relación" con el expediente mientras fue tramitado
El exalcalde santaferino y el secretario, en el banquillo de los acusados. Foto: Álex Cámara
El exalcalde de Santa Fe, el socialista Sergio Bueno, ha negado este martes que participase o decidiera sobre la adjudicación del servicio de grúa en el Consorcio de la Vega Sierra Elvira cuando él era presidente. Además, el secretario del organismo, que también está acusado junto al exregidor, ha asegurado que solo se dedicó a desempeñar sus funciones correspondientes sin hacer valoraciones porque a él no le correspondía.
Así lo han manifestado ambos en la primera jornada del juicio que se desarrolla en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada y en el que la Fiscalía solicita para ambos dos años de prisión, ocho de inhabilitación especial para cargo público y otros ocho años de inhabilitación absoluta por la presunta comisión de dos delitos contra la administración pública, uno en su modalidad de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público y otro de fraude y exacciones ilegales.
En su declaración, a preguntas del Ministerio Fiscal, Sergio Bueno ha dicho que lo que se limitó a realizar como presidente del Consorcio de la Vega Sierra Elvira fue a sacar a contratación "uno de los problemas" que tenían los municipios, como era la retirada de vehículos abandonados de la vía pública y cuya valoración del coste del servicio se cifró en unos 50.000 euros y se hizo de forma directa y sin publicidad porque así se especifica en la Ley de Contratos.
"Las ofertas presentadas no las vi", ha añadido el exregidor acusado, que ha asegurado que ni formaba parte de la mesa de contratación ni valoró las ofertas porque esto "excedía" de sus funciones. Del mismo modo ha dicho no tener "nada que ver" con la empresa que resultó adjudicataria del servicio y que desde la fecha en que suscribió los pliegos no tuvo "ningún tipo de relación con el expediente hasta la adjudicación".
En todo momento, ha afirmado Bueno, actuó "según el informe del interventor", en relación a las presuntas irregularidades de la adjudicación del servicio que, ha insistido, recayó toda la gestión en la gerencia de la institución. Sobre el hecho de que podía ser necesario o no contratar la retirada de vehículos ha afirmado que "si fuera innecesario se habría puesto de manifiesto en la reunión de 24 alcaldes, de distinto símbolo político".
Por otra parte, ha afirmado que Grúas Taboada, que alertó de las presuntas irregularidades en la primera adjudicación, prestaba el servicio "en precario" y que no supervisó los burofax recibidos sobre la situación legal de la empresa adjudicataria en primera instancia porque no estaba en sus funciones.
"Delegué la gestión en la persona del gerente, no tengo conocimiento de nada"; ha asegurado el entonces presidente de Consorcio de la Vega Sierra Elvira, que también ha dicho que se deshizo de tareas administrativas cuando su padre ingresó en el hospital, donde falleció un mes después.
"Había un error material"
En el juicio también ha declarado el que fuera secretario del Consorcio de la Vega Sierra Elvira cuando se produjo la concesión del servicio de grúa y ha reconocido que se dio cuenta de que había "un error material", aunque en sus funciones no estaba la de entrar a valorar las ofertas de las empresas invitadas (tres) a la adjudicación.
Ha negado que la segunda adjudicación se hiciera para salir de la situación de presunta irregularidad que denunció Grúas Taboada y ha explicado que antes de la concesión administrativa elaboró un informe en el que advirtió a la empresa adjudicataria en primera instancia que debía presentar las escrituras.
Alberto Taboada, propietario de Grúas Taboada, que prestaba el servicio de recogida de vehículos abandonados en Santa Fe cuando el Consorcio de la Vega Sierra Elvira decidió abrir una contratación para 24 municipios ha comparecido en calidad de testigo para asegurar que él lo hacía por "cero euros" y no entendía cómo se iba a adjudicar un contrato por valor de 50.000 euros.
Del mismo modo ha dudado sobre la legalidad de la empresa que resultó concesionaria definitiva pese a que "presentaron una titulación de derecho" y no de transportistas como la suya. Del exalcalde ha afirmado que "sí tenía conocimiento de la adjudicación, pero dijo que era cosa del Consorcio".
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