El excalcalde de Atarfe dice que hizo las contrataciones para ahorrar dinero
El juicio contra Tomás Ruiz ha quedado visto para sentencia · La Fiscalía ha mantenido su petición de 8,5 años de inhabilitación
El exalcalde socialista ha comparecido en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada. Foto: Luis F. Ruiz
El exalcalde de Atarfe, el socialista Tomás Ruiz, ha asegurado este miércoles que hizo la contratación de trabajadores del Ayuntamiento con la pretensión de ahorrar dinero al municipio y porque urgía debido a la reforma laboral, siempre basándose en el asesoramiento que le prestaron varios "especialistas laboralistas".
Así lo ha manifestado en la vista oral que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Granada en un caso por el que la Fiscalía de Granada ha mantenido su petición de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por la presunta comisión de dos delitos contra la administración pública.
A preguntas del Ministerio Fiscal, el exalcalde atarfeño ha recordado que cuando se produjeron los hechos, en diciembre de 2012, el Ayuntamiento se encontraba "al límite" y que cada mes se las "veía" para poder pagar los sueldos de los trabajadores del municipio, motivo por el que "hubo que hacer una política de ajuste" mediante la que se plantearon algunas jubilaciones.
En este contexto, el exregidor dictó una resolución en la que se acordaba la jubilación a tiempo parcial de un trabajador como director de contratación y compras y, al mismo tiempo, se contrataba para ocupar dicho puesto, mediante un contrato de relevo, a otra persona que con anterioridad había desempeñado su labor en la empresa pública ‘Proyecto de Atarfe S.A.’.
Ruiz ha explicado que hizo esto a propuesta de un abogado de los trabajadores y que no era necesario efectuar ningún expediente en base a las recomendaciones y asesoramiento que recibió por parte de especialistas laboristas y porque con ello se ahorraban unos 100.000 euros a las arcas municipales en el primer año.
Pese a que se emitieron sendos informes contrarios del secretario y del interventor municipal, el exregidor dice que no hizo caso de estos documentos porque "no había tiempo material de convocar un concurso, iba a cambiar la ley".
"Cuando el secretario me dijo que haría el informe tras mi decisión, en todo momento lo que quise fue hacer las cosas bien", ha explicado Ruiz, que ha asegurado que el abogado que le asesoró instó a solventar "tres o cuatro cosas" del asunto.
Así, en varias ocasiones ha reiterado su deseo de que su espíritu era el de "reparar la situación" de la que habían alertado tanto el secretario municipal como el interventor. Precisamente, ambos funcionarios municipales han comparecido en calidad de testigos en el juicio y han mantenido que en sus informes alertaron de que los contratos se hicieron sin que se tramitasen los expedientes informativos necesarios.
Entre los reparos que el secretario puso al procedimiento se encuentran que no se modificó la relación de puestos de trabajo, no se concertó el contrato de relevo o no se aprobaron unas bases para el concurso público. "Me dijo que él tenía su asesoramiento legal", ha dicho este trabajador del Ayuntamiento, que también ha indicado que el ahorro era parcial con uno de los empleados.
El interventor, por su parte, basó sus reticencias en que "no se cumplían los requisitos legales" y que los trabajadores contratados "no cumplían con el convenio colectivo". "Formalmente era contratado de relevo pero administrativamente no hubo procedimiento", ha dicho este trabajador municipal, que ha recordado que en agosto de 2013, cuando dejó su puesto, no se habían subsanado las presuntas irregularidades.
La defensa ha basado su argumentación en el hecho de que el alcalde actuó así con una empresa municipal cuyo capital era "cien por cien" del Ayuntamiento, según han reconocido los testigos, y cuyos trabajadores son actualmente empleados municipales a raíz de una sentencia que se ha producido este 2015.
Entre los dos testigos de la defensa que han comparecido se encontraban dos asesores externos al Ayuntamiento, quienes han asegurado que el proceso se inició a petición de los trabajadores y que el ahorro era "importante" para las arcas municipales.
Otro asesor de urbanismo emitió un informe para subsanar la situación, recordando que había que "proteger los derechos de los trabajadores y solventar el tema administrativo".
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