El Gobierno local rescata de forma temporal el Pabellón Antonio Prieto para evitar su cierre
El concejal de Deportes, Eduardo Castillo, anuncia que la nueva concesión administrativa quedará resuelta para septiembre
El Ayuntamiento de Granada ha asegurado haber evitado "in extremis" el cierre a partir de este mes del Complejo Deportivo Antonio Prieto, acordado el pasado jueves, día 29 de julio.
El concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha explicado que el Gobierno municipal ha adoptado el rescate temporal del complejo deportivo granadino -sobre el que paralelamente ahora hay abierto un procedimiento de adjudicación de una nueva concesión administrativa- para que no cerrase las puertas a partir del 1 de agosto.
En la actualidad, el complejo deportivo de Albayda está gestionado por un administrador concursal, tras declararse la empresa concesionaria del servicio un concurso de acreedores por los múltiples incumplimientos del contrato con el Ayuntamiento.
Castillo ha defendido “la excepcionalidad de la medida” adoptada por el Gobierno local por la “necesidad de garantizar en un distrito como Albayda con pocos servicios la continuidad de esta actividad deportiva ante la pésima gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular”.
La intervención municipal va a permitir, según ha informado Castillo Jiménez, que las instalaciones permanezcan abiertas, a la vez que garantiza la continuidad de la plantilla de trabajadores del centro.
El complejo deportivo Antonio Prieto Castillo, situado en la Avenida Federico García Lorca, cuenta con más de 3.000 usuarios, “llegando incluso a alcanzar picos de hasta más de 5.000 socios”.
Castillo ha explicado que, desde que el Ayuntamiento de Granada se acordó la resolución del contrato con la empresa concesionaria, el actual equipo de gobierno ha evitado hasta en tres ocasiones el cierre acordado por el acreedor concursal.
No obstante, el edil de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes ha lamentado la situación de “inseguridad” generada a los usuarios y personal laboral del complejo, aspecto que ha achacado a la mala gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular.
Castillo acusa al gobierno del Partido Popular de poner en riesgo la explotación del servicio al permitir a la empresa concesionaria ofrecer un canon “excesivo” de 225.000 euros, al que no ha podido hacer frente. La anterior concesionaria mantiene deudas con el Ayuntamiento “cercanas al millón de euros”.
Así, ha defendido el pliego de condiciones presentado por el equipo de gobierno que permitirá la continuidad del servicio, a la que vez que establece la obligación de la concesionaria de subrogar los contratos de la actual plantilla de trabajadores.
El edil ha informado que el plazo para la presentación de propuestas finaliza el próximo 12 de agosto, “por lo que esperamos que para septiembre puedan estar resuelta la adjudicación del centro”.
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