El juez decide abrir una investigación por el caso de las audioguías
El magistrado, Antonio Moreno, incoa diligencias previas para investigar los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales recogidos en la querella
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha decidido admitir a trámite la querella de la Fiscalía contra la que fuera directora de la Alhambra y cinco personas más por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación y contratación del servicio de alquiler de audioguías del monumento y abrir una investigación al respecto.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, incoa diligencias previas para investigar los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales recogidos en la querella, "sin perjuicio de ulteriores calificaciones".
En el auto de incoación de diligencias, el magistrado ordena que se dé traslado de la querella y se notifique a los querellados. Además, solicita documentación al Patronato de la Alhambra y el Generalife y pide informes a la Intervención General del Estado.
En el auto recuerda que la finalidad de las diligencias previas es, "ante la inicial existencia de indicios raciones de criminalidad que permita la incoación del proceso penal, la de determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, conocer la identidad de los partícipes y el órgano competente para el enjuiciamiento".
Este juzgado, ya se encarga de instruir el asunto de los supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes, conocido como 'caso Romanones', y ahora tendrá que valorar si los querellados, María del Villafranca, la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, José María Visedo, el interventor delegado del Patronato, el administrador único de la empresa adjudicataria del servicio y su director general, cometieron los delitos que se le atribuyen.
La Fiscalía, que apuntó a la posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, cifró en más de 5,41 millones de euros el posible fraude a las arcas del Patronato de la Alhambra y el Generalife por las irregularidades detectadas en el procedimiento administrativo de adjudicación y contratación del servicio.
Tras la renuncia de Villafranca, el arquitecto conservador de la Alhambra, Francisco Lamolda, asumió con carácter provisional la dirección del Patronato, según establece el decreto 59/1986 de 19 de marzo.
En los próximos días, el pleno del Patronato de la Alhambra se reunirá de manera extraordinaria para decidir el nombre de la persona que será la nueva responsable del monumento, después de que la propuesta se aplazara con el objetivo de "agotar el diálogo" y alcanzar el máximo consenso posible, según anunció la consejera de Cultura y presidenta del Patronato, Rosa Aguilar.