El PP acusa a la Junta de "abandonar" a las personas con discapacidad en Granada
El parlamentario popular, Vicente Valero, denuncia que una delegada de la Junta “coaccionó de manera indirecta” a asociaciones para que "no acudieran al debate parlamentario"
El parlamentario popular, Vicente Valero, acompañado por el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y la secretaria general del PP-A, Loles López, entre otros. Foto: aG
El Partido Popular ha acusado a la Junta de Andalucía de "abandona" a las personas con discapacidad en la provincia de Granada y del resto de la comunidad autónoma. Así lo ha señalado el parlamentario granadino, Vicente Valero, después de una interpelación en el Parlamento de Andalucía en la que destacó que "quienes constituyen casi el 10% de la población, se encuentran en una situación de enorme precariedad por la inacción de un gobierno más preocupado de la cosmética que de la política".
Valero ha señalado que se trata de “una verdad incómoda” para el socialismo andaluz que “trata de dibujar una sensibilidad social andaluza que en absoluto se corresponde con la práctica del gobierno”. En ese sentido, el parlamentario granadino ha denunciado las coacciones que una delegada provincial de la Junta de Andalucía en Granada dirigió de manera indirecta a través de otras personas a asociaciones de personas con discapacidad para que no acudieran a presenciar el pleno de la cámara andaluza que se celebró el pasado jueves y al que dichas asociaciones habían sido invitadas.
"Lamentamos esta actitud inquisitorial de un miembro del gobierno andaluz que parece querer coartar la libertad de pensamiento y reunión de ciudadanos libres que acuden al Parlamento porque les preocupa de lo que allí se habla, calificando como acto político lo que es un debate democrático", ha afirmado.
En su interpelación, Valero se refirió expresamente a los "impagos millonarios" a los centros especiales de empleo o las asociaciones que atienden a las personas con discapacidad que, en el caso de la comunidad de discapacidad auditiva, “ha provocado un ERE en la Federación de Asociaciones de Personas Sordas y su próximo cierre por una deuda de más de dos millones de euros”. Por ello, el parlamentario granadino instó al gobierno andaluz a hacer pública la deuda con asociaciones de personas con discapacidad, establecer un calendario de pago y "aunar esfuerzos para convertir el paternalismo benéfico y la caridad en el reconocimiento de derechos de este sector fundamental".
Paro, formación, turismo
Sin embargo, el “abandono” de las personas con discapacidad alcanza según Valero a todos los ámbitos, desde el empleo, hasta el turismo pasando por la formación. En su comparecencia en el Parlamento, Valero aseguró que en Andalucía “el paro registrado del colectivo de personas con discapacidad casi se ha duplicado desde el comienzo de la crisis, aumentando un 80% con respecto a 2007”.
Además, en materia educativa un 40% de usuarios con discapacidad se quedan fuera de los centros de educación especial a los que tienen derecho. "Y lo que es aún más grave: personas sordas universitarias tienen que renunciar a acudir a actos académicos y formativos o realizar gestiones porque no hay intérpretes cualificados de lengua de signos en Andalucía".
"En cuanto al turismo accesible, tan solo diez playas andaluzas son totalmente accesibles en nuestra tierra, y las personas con discapacidad siguen teniendo que gastar 40 euros más cada día por las dificultades para encontrar establecimientos adaptados, mucho más caros", ha detallado Valero.
Junto a ello, Valero acusó a la Junta de haber recortado programas fundamentales para la protección social “a pesar de haber reconocido que las necesidades sociales han aumentado". Como muestra de la poca sensibilidad del ejecutivo de Susana Díaz, Valero ha destacado que para todos los ayuntamientos andaluces se destinaron en materia de discapacidad el año pasado poco más de 150.000 euros de los 210.000 presupuestados.
Finalmente, Valero subrayó, por el contrario, en el enorme balón de oxígeno que ha supuesto la asistencia financiera del gobierno de Mariano Rajoy, "que ha salvado los servicios públicos en Andalucía".
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