El PP critica que la Junta reduzca un 60% el presupuesto contra la exclusión social en Granada
Ana Vanessa García ha añadido que el decreto es “claramente discriminatorio”
El Partido Popular ha criticado que la Junta de Andalucía haya reducido un 60% el presupuesto contra la exclusión social en una de las provincias de España con la tasa más elevada. De este modo lo han criticado la vicesecretaria de Política Social e Igualdad del PP-A, Ana Vanessa García, la diputada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, y el concejal del ramo en el Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, que han afirmado que el Decreto contra la Exclusión Social de la Junta de Andalucía “es discriminatorio y señala a sus usuarios” y que colapsará y asfixiará a los ayuntamientos de la provincia.
Para Ana Vanessa García, el decreto no es nuevo porque es “menos de lo mismo”, repite los mismos errores que el año pasado, lo publican un mes y medio más tarde que en 2013, con el consiguiente ahorro y dificultando aún más si cabe la situación de las familias más necesitadas”.
Al mismo tiempo, la vicesecretaria regional ha reprochado al bipartito que haya recortado en casi un 60 por ciento el presupuesto del decreto respecto a 2013 en la provincia Granada. Según los datos desvelados por García el plan ha pasado de disponer de 20 millones de euros en 2013 a poco más de siete millones en 2014, lo que a juicio de la popular el número de beneficiarios “pasando de 4.000 a 3.200 contratos, y de 5.200 ayudas escolares a 2.600”. "Un enorme recorte de las políticas sociales que evidencian el claro abandono del Ejecutivo andaluz en dicha materia”.
Por otro lado, García ha censurado también que la administración autonómica no adelante el dinero de las líneas del decreto a los ayuntamientos que sin embargo tendrán que ponerlas en marcha para recuperar las cantidades cuando la Junta considere oportuno. Algo que ha llevado a la dirigente popular a pedir a la Junta de Andalucía “que transfiera el dinero por adelantado porque los ayuntamientos no van a poder poner en marcha las actuaciones del decreto por la falta de dotación presupuestaria”.
García ha añadido además que el decreto es “claramente discriminatorio”, al coincidir su ejecución con la del Plan Joven “con una diferencia salarial muy grande, que puede superar los 600 euros por persona”. Finalmente y respecto a la línea de ayudas a mayores, la vicesecretaria de Política Social e Igualdad del PP-A ha reprobado al Gobierno andaluz por ofrecer la posibilidad de beneficiarse al decreto a aquellas personas mayores que estén en centros de día de la Junta de Andalucía, “dejando a un lado a aquellos que se encuentren en centros de otras administraciones”.
Por su parte, el concejal de Familia y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, ha afirmado que el decreto es "un cúmulo de despropósitos" de principio a fin. Entre ellos, el concejal ha subrayado la “grave contradicción” que, a su juicio, generará el decreto al “destinar personas en exclusión, sin capacitación a la atención a personas con necesidades sociales especiales”.
Las líneas
Respecto a las ayudas a familias y de emergencia, el concejal del Consistorio de la capital ha afirmado que aún no han aprobado el convenio anual con los ayuntamientos y "ahora publican el decreto sin saber sí habrá dos convenios o uno". "Para el decreto de este año, el Gobierno bipartito haya presentado una línea para pagar suministros cuando eso ya se está haciendo desde los ayuntamientos dentro de las ayudas familiares y por lo tanto, esta línea de suministros complica y ralentiza algo que ya funciona en los servicios sociales municipales”.
Respecto a los comedores infantiles, Egea ha censurado que la línea de dicho decreto señalen a las familias “porque les obliga a pedir un informe social de exclusión, así como a los niños, ya que van a volver a darle la bolsa de la merienda. Esta línea de acogida desatiende también a la mitad de la población infantil porque el 50% de los colegios o no tienen comedor o son concertados, muchos de ellos en zonas de exclusión social, y por último, tampoco atienden a los hijos de inmigrantes no documentados”.
Por su parte, Marta Nievas ha afirmado que “con este decreto se necesitan más informes para todo, más trámites y más burocracia lo que supone mucha más carga de trabajo para los técnicos municipales”. Y es que además, a juicio de la diputada del ramo, este decreto viene tarde, mal e impreciso porque lo llevamos esperando desde hace 6 meses y todas las líneas de actuación tienen numerosas carencias y contradicciones”.
La diputada de Bienestar Social, Marta Nievas, ha pedido "lealtad institucional" a la Junta de Andalucía y que “cuente con la Diputación provincial, especialmente con los ayuntamientos que están desinformados y que de nuevo tienen que tapar sus vergüenzas a la Junta al adelantar el dinero para la ejecución de las ayudas”.
"La administración autonómica ha puesto en marcha un decreto sin pensar en el futuro, con medidas provisionales porque con contratos que oscilan entre las 3 semanas y los 3 meses no se puede solucionar el grave problema del desempleo que hay en Andalucía”, ha especificado Nievas.
Finalmente, los tres dirigentes del PP han coincidido en reclamar al Gobierno del PSOE e IU de Andalucía “una política con menos propaganda y más hecho y que por lo tanto pongan en marcha medidas duraderas en el tiempo, planificadas y organizadas, con suficiente dotación presupuestaria para que Granada deje de estar a la cabeza en la tasa de exclusión social”.
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