sábado 20 abril
La Capital  |   | Redacción aG

El PP emplaza a Cuenca a "sentarse y negociar" los presupuestos municipales, prorrogados desde 2020

El portavoz del grupo municipal popular, César Díaz, asegura que sus concejales actuarán "con la responsabilidad que merece disponer de unas cuentas públicas para la ciudad"

Los concejales del PP César Díaz y Luis González durante la rueda de prensa de este martes. Foto: PP Granada

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado este martes su disposición "para desatascar la situación económica en la que está sumida la ciudad" y ha emplazado al alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), a "sentarse" y "negociar" los presupuestos municipales, prorrogados desde 2020, cuando gobernaban en la ciudad Cs y el PP.

El portavoz del PP, César Díaz, ha indicado de nuevo "la necesidad de trabajar gobierno con oposición en la elaboración de un documento contable para la ciudad" y ha reprochado que el gobierno local no haya compartido documentación en este sentido con los populares.

Pese a ello, ha tendido la mano al gobierno socialista "porque Granada necesita de unas cuentas públicas actualizadas", ha dicho y ha advertido de que "no podemos tener para el año 2022 el presupuesto de la pandemia, porque las necesidades en aquel momento eran otras".

"Aunque vamos tarde para las cuentas de este año y no tendríamos un presupuesto antes de octubre, nuestro ofrecimiento para negociar es firme y responsable, incluso para un presupuesto para este 2022 que lleva ya consumido más de medio año", ha asegurado.

Por su parte, el coordinador del grupo municipal del PP, Luis González, ha reseñado que el presupuesto actual, aprobado en 2020, era un presupuesto de emergencia, con caída de los ingresos y aumento de los gastos, paro ahora la situación es otra, donde se han podido "solucionar los problemas sanitarios que asolaban a la ciudad, pero también hay una situación externa macroeconómica, con el sobrecoste de los suministros energéticos y la incertidumbre de cuáles van a ser los precios finales de productos que afectan a la inflación, que se sitúa por encima del diez por ciento.

A su juicio, esto hace que todos los servicios públicos y todos los costes generales haya que ajustarlos a esa realidad macroeconómica, tanto en el 2022, como en el 2023.

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