El PP exigirá a la Junta que se comprometa con el Palacio de Justicia de Órgiva
Recuerda que el Gobierno andaluz anunció dicha infraestructura en enero de 2005
El portavoz del PP de Justicia en el Parlamento de Andalucía, Juan Ramón Ferreira, asegura que con la nueva Ley las sedes judiciales de las cabeceras de comarca “no van a dejar de tener uso judicial”.
El Partido Popular ha afirmado que en la comisión de Justicia que se celebrará el próximo miércoles 23 de abril en el Parlamento de Andalucía va a exigir al consejero del ramo, Emilio de Llera, “que se comprometa de una vez por todas con el Palacio de Justicia de Órgiva”. Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Justicia, Juan Ramón Ferreira, que ha recordado que la Junta de Andalucía anunció que dicho proyecto se pondría en marcha inmediatamente en enero de 2005 en un terreno de 2.400 metros cuadrados y con una inversión cercana a los 3 millones de euros.
El portavoz del PP en materia judicial ha señalado que entre 2005 y 2014 han pasado por la Consejería de Justicia hasta 6 consejeros, y nueve años después “no se ha invertido ni un solo euro ni tan siquiera se ha colocado la primera piedra, a pesar de las deficitarias infraestructuras judiciales de la comarca y de haber retenido la administración autonómica un solar municipal para dicho complejo”.
Ferreira ha denunciado el abandono de la consejería de justicia de las sedes judiciales de la provincia, pues ha recordado que al igual que ocurre con el complejo judicial de Órgiva, en el Palacio de Justicia de Motril y del de Almuñécar, “anunciados y comprometidos hace años no se ha hecho absolutamente nada”. Se da la circunstancia de que tanto en Órgiva como en Motril, la Junta dispone de solar “que en su momento fue cedido por los municipios”.
En la misma línea, el portavoz popular también se ha referido a otra sede judicial: el complejo de La Caleta en Granada capital, que Ferreira ha definido como “el caso más sangrante, ya que tiene cuatro plantas para uso judicial vacías y cerradas a cal y canto mientras la Junta de Andalucía paga alquileres millonarios en la ciudad como es el caso de la sección civil de la Audiencia Provincial en la Plaza Poeta Luis Rosales cuya renta asciende a 1.000 euros diarios”.
Por otro lado y en alusión a la reciente memoria del TSJA, Ferreira ha señalado que dicho documento recoge la necesidad de trasladar los juzgados unipersonales de Granada capital al edificio de la Caleta con plantas vacías y que por lo tanto la reubicación de esos órganos permitiría unificar la Audiencia Provincial en Plaza Nueva, eliminar el costoso alquiler de 1.000 euros diarios de la sección civil de la Audiencia Provincial y al mismo tiempo eliminar las carencias endémicas de la sala de lo contencioso y de las secciones penales desprovistas de dependencias decorosas.
Además, Juan Ramón Ferreira ha afirmado que dicha memoria alerta también de deficiencias que sufren muchos órganos judiciales en Andalucía y que perturban gravemente el trabajo de profesionales judiciales como pueden ser cortes de suministro de energía eléctrica, problemas informáticos, ausencia de medidas de seguridad, humedades y defectos de ventilación y “el paradójico incumplimiento” de normativas legales como barreras arquitectónicas y la falta de espacio para archivo.
Por todo esto, Juan Ramón Ferreira ha reclamado a la Consejería de Justicia e Interior una actuación contundente y urgente “con el objetivo de mejorar el sistema de la administración judicial en Granada y Andalucía”.
Reforma de partidos judiciales
Ferreira también se ha referido a las recientes declaraciones de los dirigentes socialistas respecto al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a la reforma de los partidos judiciales. El parlamentario ha declarado que “ninguna sede judicial va a dejar de tener uso judicial; es decir en ninguna cabecera de comarca va a dejar de funcionar su partido judicial” y que por lo tanto, “el objetivo que persigue dicha ley es combinar la especialización con la territorialidad”. Una especialización que, según el portavoz del PP de Justicia, “no la va a definir el Gobierno central sino los Tribunales Superiores de Justicia de acuerdo con las comunidades autónomas que tengan las competencias transferidas en dicha materia”.
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