viernes 4 diciembre
Provincia  |   | Redacción aG

El PP lamenta que un "capricho" de la Junta haya dejado tres años a Granada sin agentes de empleo

Sus despidos y la posterior readmisión, tras sentencia del Supremo, es otra muestra de la "nefasta gestión política y económica" del Gobierno andaluz, según los populares

El Partido Popular de Granada ha lamentado que la decisión de la Junta de Andalucía de prescindir de los Agentes Locales de Promoción de Empleo ha tenido un efecto doblemente negativo: el primero, que durante los últimos tres años, los ayuntamientos en los que trabajaban no han podido contar con sus servicios y eso ha perjudicado a los parados. El segundo, que ahora, tras la sentencia del Tribunal Supremo que así lo ordena, han de ser readmitidos e indemnizados, lo que costará a las arcas públicas más de 70 millones de euros. De esa cantidad, 13 millones los pagarán los granadinos.

La diputada provincial María Merinda Sádaba y la parlamentaria andaluza Ana Vanessa García se han felicitado de la vuelta al trabajo de los trabajadores, 142 en Granada y 788 en el conjunto de la comunidad autónoma, pero entienden que por culpa de un “capricho” de la administración socialista, se ha privado a los ciudadanos de un servicio fundamental y, por añadidura, los andaluces van a tener que pagar una importante cantidad de dinero que se podrían haber ahorrado.

Sádaba ha hecho hincapié en que, desde que fueron despedidos en septiembre de 2012, esos agentes han sufrido “el ninguneo” de la Junta, que en vez de reintegrarlos a sus puestos cuando recibió la primera sentencia que instaba a ello, prefirió agotar la vía judicial y exponerse a lo que ha pasado finalmente: tener que pagarles los salarios de tramitación y las cuotas de la Seguridad Social de todo ese periodo.

“Pero es que esas personas, durante todo este tiempo, no han prestado sus servicios en los ayuntamientos y esa es una función muy importante. Sobre todo en los más pequeños, que han visto muy mermadas sus posibilidades de asesorar a los desempleados y crear puestos de trabajo”, ha manifestado la diputada provincial, para la que este episodio no hace sino demostrar de nuevo la “nefasta gestión” de la Junta en materia política y económica.

En ese sentido, ha recordado que “por un lado hizo desaparecer la Consejería de Empleo, fundiéndola con la de Economía, para enmascarar sus pufos en materia de Planes Activos de Empleo, que han hecho que desde el año 2013 se hayan perdido 1.820 millones de programas de la Unión Europea no ejecutados. Y por otro, desvió fondos para subvenciones de amiguetes, perdió dinero de los parados, de cursos de formación… Todo, mientras los consejeros miraban hacia otro lado y Susana Díaz, hacia Madrid”.

Por su parte, Ana Vanessa García ha incidido en que los 17 consorcios que se crearon en Granada y para los que trabajaban los 142 agentes de empleo nacieron “como chiringuitos para colocar a 17 enchufados que, a diferencia de esos agentes, no pasaron por un proceso de selección”.

También ha criticado que la Junta obligara a los ayuntamientos a colaborar con esos consorcios, “cuando debería haber asumido esa función en solitario” y que en 2012, diez años después de su creación, los cerró “dejando sin un importante servicio a los más de 100.000 parados de la provincia de Granada”.

Ana Vanessa García se ha referido, asimismo, a los recortes que se han producido progresivamente en materia de empleo en Andalucía, traducidos en la reducción del 50% de la plantilla del SAE, la no convocatoria de escuelas de empleo y escuelas taller o situaciones como las del Centro Albaicín, que permanece cerrado. “Ese tipo de cosas contribuyen mucho a que sigamos teniendo más de 100.000 parados”, ha afirmado.

Por último, la parlamentaria ha resaltado que tanto la delegada de la Junta en Granada, Sandra García, como el responsable de Empleo de esa Delegación, Juan José Martín Arcos, deberían “dar explicaciones a esas 142 familias que han pasado por un calvario por culpa de su nefasta gestión”.

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