El PP pide el histórico del padrón donde esté censada la alcaldesa de Maracena
La formación quiere resolver si su ya expareja, el presunto secuestrador de la edil, estuvo inscrito en la misma residencia que la regidora
El PP de Maracena ha registrado una solicitud ante la Secretaría General del Ayuntamiento para que dé traslado a la formación sobre el histórico del padrón municipal donde aparezca censada la alcaldesa, Berta Linares, así como el histórico del padrón del mismo domicilio.
La intención de la formación es resolver si su ya expareja, P.G., presunto secuestrador de la edil Vanesa Romero, estuvo inscrito en la misma residencia que la regidora, después de que Linares reconociera que "hace poco" se empadronó en la localidad metropolitana pese a que ella misma afirmó que no residía en el municipio.
El portavoz popular, Julio Pérez, ha comparecido ante los medios para abordar esta situación, al tiempo que también ha registrado una solicitud para que se dé información sobre si ha existido relación comercial entre la empresa del ahora detenido y el Ayuntamiento en los últimos años.
También esperan que se detallen las facturas que obran en el Consistorio en relación a la compra de globos y artículos de fiesta desde 2015, toda vez que la empresa del hombre estaba relacionada con esta temática.
Por otra parte, la portavoz del Partido Popular en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes, ha instado al presidente de la institución y secretario general del PSOE, José Entrena, a que aclare de manera inminente si el vicepresidente de la Diputación granadina y concejal del Ayuntamiento de Maracena, Antonio García Leiva, "dio orden a un trabajador del Consistorio para ofrecer a la concejal secuestrada el tercer puesto de la lista electoral del PSOE en la localidad en las próximas elecciones municipales si ésta se ofrecía a una reconciliación pública con la actual alcaldesa", refiriéndose así a algunas informaciones que apuntan a ello.
En caso de ser cierto, el PP ha pedido el cese inminente al diputado, al considerar que esto supondría un "chantaje lamentable" que se habría producido "24 horas después del scuestro de la edil".
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