El PP se pregunta cómo el edificio de La Caleta costaba 14 millones de euros y habilitar tres plantas cuesta 12
Juan Ramón Ferreira reprocha al consejero la década “que Granada lleva esperando ese traslado imprescindible para la mejora de la calidad y la rapidez de la administración de Justicia"
Ferreira ha asegurado que la Junta tiene 3.000 metros cuadrados cerrados desde hace diez años, en los que ha pagado 15 millones de euros en alquileres. Foto: aG
El Partido Popular se ha preguntado cómo es posible que el edificio de La Caleta costase 14 millones de euros y habilitar y adecuar tres plantas del mismo cueste 12 millones. Así lo ha señalado el parlamentario andaluz y portavoz de Justicia, Juan Ramón Ferreira, a raíz de la comparecencia de ayer miércoles del consejero de Justicia, Emilio de Llera, que afirmó que ese era el precio de la puesta en funcionamiento de las plantas cerradas de La Caleta.
En ese sentido, Ferreira ha señalado que la administración autonómica y la Diputación provincial, expropietaria del edificio, "firmaron en 2003 un convenio por la compra del complejo para el traslado de los juzgados unipersonales y crear un complejo único, mejorando el funcionamiento con un servicio de mayor calidad”.
El parlamentario granadino ha recordado que el consejero De Llera prometió en octubre de 2012, al tomar posesión de su cargo, acometer las obras de reforma del edificio necesarias para acoger los distintos juzgados desperdigados por la ciudad y después de más de una década tiene 3.000 metros cuadrados "inutilizados”.
En realidad, Ferreira le ha reprochado al consejero que la promesa de que los juzgados granadinos iban a unificarse de manera inminente en la que fuera sede de la Diputación Provincial ha sido un mensaje repetido por todos los consejeros de Justicia desde que la hiciera la granadina María José López en octubre de 2005, “aunque ella incumplió esa promesa y todos los que la han sucedido la han incumplido después”.
Según los datos que ha esgrimido el parlamentario andaluz, en la actualidad el edificio, comprado en 2003 por 13,8 millones de euros, tiene tres plantas enteras vacías, con más 3.000 metros cuadrados sin usar, “mientras la Junta paga un millón y medio anual de alquileres para sedes judiciales en la capital”.
“Tenemos una casa en propiedad cerrada y sin embargo, vivimos de alquiler en la misma ciudad”, ha enfatizado el parlamentario del PP, que ha calificado la situación como “un escándalo y un ejemplo más del mal gobierno, despilfarro y desaprovechamiento del dinero del contribuyente”.
Por eso, el parlamentario andaluz ha acusado a la administración andaluza de ser “absolutamente ineficaz” al haber sido incapaz en los más de diez años que hace que compró el edificio de trasladar los juzgados “y sin embargo haber pagado alrededor de 15 millones de euros en ese tiempo en concepto de alquiler”.
El parlamentario andaluz ha subrayado que la unificación de los juzgados no es algo que el PP lleve al Parlamento “por capricho”, sino una demanda a la que ha hecho alusión el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en su última memoria anual señala textualmente “que es urgente finalizar la reubicación de los órganos judiciales de la capital y trasladar los Juzgados unipersonales al edificio de La Caleta que ahora mismo tiene amplias zonas vacías e inutilizada”.
Por ello, el Partido Popular ha exigido al consejero “que si por una razón de prurito político no quiere hacer caso al PP o quiere seguir menospreciando a los ciudadanos, al menos haga caso a otro poder del estado que le está diciendo que cumplir esa promesa es imprescindible para la calidad de la justicia en la comunidad autónoma”.
Al mismo tiempo, Juan Ramón Ferreira ha afirmado que “el Partido Popular no renuncia a una ciudad de la Justicia acorde a sus necesidades como las que hay en Málaga o Almería, siendo Granada capital judicial de Andalucía”.
Por todo esto, Ferreira ha concluido urgiendo a la Junta de Andalucía a dar plazos “concretos y creíbles” para el traslado definitivo de todos los juzgados al edificio de La Caleta tras cumplirse once años desde su adquisición por la consejería de Justicia.
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