"El PP pone en peligro la asistencia sanitaria de más de 42.000 funcionarios en Granada por los recortes"
Acusa al Gobierno de quebrar los derechos asistenciales de los empleados públicos al mermar la financiación a la mutua que cubre los tratamientos de estos ciudadanos
Martínez Olmos asegura que algunos pacientes se ven obligados a desplazarse a otros centros hospitalarios o a realizar copagos para ser atendidos. Foto: aG
El grupo parlamentario socialista ha denunciado este lunes que más de 42.000 empleados públicos de la provincia de Granada pueden perder la asistencia sanitaria por los recortes impuestos por el Gobierno central a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda.
El diputado socialista y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, José Martínez Olmos, ha advertido este lunes de la incertidumbre y preocupación por unos recortes en las prestaciones que afectan a un millón y medio de personas en España y a 318.000 funcionarios en Andalucía.
Los trabajadores públicos adscritos a Muface ya han visto reducido el cuadro médico y los servicios sanitarios hasta ahora a su disposición en algunos hospitales, por lo que existen casos de enfermos graves que se tienen que desplazar a otros lugares para recibir asistencia, según ha señalado Martínez Olmos.
El representante socialista ha revelado además que ante la imposibilidad de que algunos pacientes vean cubiertos sus tratamientos con la póliza que tienen de Muface, se les ofrece la opción de adquirir una nueva para cubrir sus tratamientos mediante un copago adicional a las aseguradoras privadas.
Martínez Olmos ha tachado de “insostenible” la situación en la que se encuentra esta mutua. De hecho, según ha apuntado, en el año 2011 el concierto que mantenía el Gobierno con las entidades privadas adscritas a Muface para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios establecía un número mínimo de facultativos por cada especialidad que tenía que ofertar esa entidad privada, así como una serie determinada de prestaciones.
Durante 2014, el PP decidió modificar las condiciones de este convenio, lo que permitió a las aseguradoras privadas suprimir la cartera de servicios. El diputado ha ilustrado con un ejemplo la magnitud de este recorte. Así, el convenio establecía que para una ciudad que contase con unos 30.000 funcionarios mutualistas, la oferta de cardiólogos ascendía a trece especialistas. En 2015, con las nuevas condiciones impuestas por Hacienda, las aseguradoras han rebajado el número de especialistas a ocho.
La falta de cobertura tiene consecuencias más negativas, si cabe, en otras especialidades como oncología, donde se ha pasado de disponer de 11 oncólogos a sólo tres, merma que se reproduce en muchas especialidades, y que obliga a los pacientes a desplazarse a otros centros para continuar con sus tratamientos.
Martínez Olmos ha incidido en la gran preocupación que existe en un colectivo, “al que se le ha quebrado lo que constituía una garantía como consecuencia de la disminución de recursos promovida por el Gobierno central”.
El represente socialista ha defendido el derecho de cualquier ciudadano a que se respete lo establecido en las garantías asistenciales que ha de recibir. “Los recortes son algo que no se puede tolerar porque afecta a derechos de las personas y estamos hablando de centenares de miles de ciudadanos”, ha añadido.
El representante socialista ha revelado que algunas entidades privadas han aprovechado la situación para suplir la merma de financiación por parte del Gobierno con la modificación de la cartera de servicios, de tal manera que el paciente tiene que pagar por su tratamiento.
El grupo parlamentario socialista ya ha presentado una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al Gobierno. Martínez Olmos ha precisado que la disminución de las prestaciones del Gobierno ha sido “drástica”, rebajándose en 50 millones de euros anuales. Un ‘tijeratazo’ que agrava el déficit que arrastra Muface, que ha pasado de contar con una aportación estatal de 1.100 millones de euros en 2011 a 898 millones en 2014, provocando un agujero que se ha corregido con un fondo de reserva, que ha pasado a estar prácticamente agotado.
“Existe una incapacidad de asegurar las prestaciones sanitarias a un colectivo muy importante de ciudadanos como son los empleados públicos y una gran incertidumbre sobre cuál va a ser el modelo del futuro de esta mutua, ya que está comprometida su viabilidad económica”.
Así lo ha señalado Martínez Olmos, quien ha avanzado que su formación ha pedido la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique cuáles son los planes que tiene su departamento para resolver esta situación. El PSOE también presentará iniciativas para impedir que los ciudadanos sufran esta disminución de derechos y de la calidad asistencial.
Según el diputado socialista, el Gobierno está empujando a los funcionarios a que vayan a la sanidad pública, sin dotar de la suficiente financiación al sistema sanitario público, lo que provocará que se sobrecargue.
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