miércoles 15 julio
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El Tribunal da 24 horas para que el Ayuntamiento documente su personación en el caso Serrallo

El titular del tribunal pide el documento de ratificación del pleno y si los pasos a seguir en 2016 se dieron con un poder de Torres Hurtado, acusado en la causa, o de Francisco Cuenca, alcalde entonces

La Sala que enjuicia el caso Serrallo desde este lunes. Foto: Álex Cámara

El Ayuntamiento de Granada tiene 24 horas para presentar la documentación mediante la que quede certificada su personación en el caso Serrallo, cuya vista oral ha comenzado este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.

El Consistorio granadino ejerce la acusación particular como parte perjudicada en esta causa, si bien durante las cuestiones previas la defensa del promotor Roberto García Arrabal ha solicitado que se aporte el documento de que la personación municipal está respaldada por el pleno y por el poder del alcalde que en ese momento estaba al frente, Francisco Cuenca, y no del saliente, pues sería acusación de sí mismo.

El presidente del tribunal, José María Sánchez, ha recordado que en julio de 2016 el Ayuntamiento se personó en la causa y lo hizo a raíz de una resolución del alcalde socialista, quieen indicó que en ese documento que la determinación sería trasladada a la asesoría jurídica para que diera los pasos pertinentes.

Sin embargo no queda claro si el pleno del Ayuntamiento ratificó o no en alguna sesión ordinaria, la próxima a la resolución del alcalde Francisco Cuenca en julio de 2016, la personación municipal, después de que inicialmente fuera el grupo municipal socialista el que asumiera esta acusación.

Es por ello que la Sala ha pedido a la letrada que representa al Ayuntamiento en esta causa que aporte la resolución del por qué está como acusación y si está respaldada por el pleno, para lo que ha dado 24 horas que expiran en la segunda sesión del juicio, que se celebra este martes.

Escrito de acusación

El Ayuntamiento de Granada solicitaba en su escrito de acusación la pena de cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación especial para el exalcalde de la ciudad por un presunto delito de fraude en la contratación y otro de tráfico de influencias.

Entre los acusados también está la exedil de Urbanismo Isabel Nieto (PP), para la que pide cinco años y medio de cárcel; los funcionarios que integraban la cúpula de Urbanismo y un promotor.

En el escrito, el Consistorio fijó en 2,05 millones de euros los perjuicios económicos que esta operación urbanística causó a la ciudad y, además de la indemnización, solicitaba la demolición de las instalaciones irregularmente construidas y la nulidad de todas las licencias que se han concedido.

El Consistorio no acusaba, sin embargo, a los concejales del PP que, el 26 de julio de 2012, apoyaron en Junta de Gobierno Local un cambio de usos y horarios en estas instalaciones y que sí han sido procesados por el Juzgado de Instrucción por un presunto delito de prevaricación urbanística, seis de los cuales aún forman parte del grupo municipal.

Para el Ayuntamiento las ocho personas a las que acusaba permitieron "finalmente una perversión grande del uso del sistema general de espacios libres adscrito a la UE-1 y un perjuicio enorme para el interés general de la ciudad de Granada", para lo que ha sido necesaria una acción "conjunta y prolongada" en diversos ámbitos.

Solicitaba así la apertura de juicio oral por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo; fraude en la contratación y tráfico de influencias, solicitando penas de entre seis y un año y medio de prisión.

Las condenas

Concretamente, para la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto pide cinco años y medio de cárcel, 23 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros. Para el promotor Roberto García Arrabal solicita seis años de prisión, multa de 108.000 euros y 20 años de inhabilitación.

A los distintos funcionarios vinculados a la causa les atribuye un delito continuado contra la ordenación del territorio y solicita un año y medio de prisión para cada uno de ellos. Se trata del exdirector general de Licencias de Urbanismo; el excoordinador de Urbanismo y Obras; la exdirectora general de Urbanismo y el que fuera arquitecto jefe.

Eleva la pena para Manuel Lorente, el exdirector del Obras, para el que solicita cinco años y medio de prisión y trece años de inhabilitación. En calidad de responsables civiles o partícipes a título lucrativo, el Ayuntamiento acusa a los representantes legales y administradores de las sociedades Taler Real State S.L.; Multiaventuras Serrallo Plaza S.L.y 683 Upper Club S.L.

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