El TSJA anula definitivamente la privatización de la gestión del agua de Huéscar
El Alto Tribunal apunta que la constitución de la Mesa “dista de cumplir los parámetros mínimos de transparencia y garantía”
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado definitivamente el proceso por el que en 2006 el ayuntamiento de Huéscar adjudicó la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en el municipio a la empresa Agua y Gestión Medioambientales, por la irregular constitución de la Mesa de Contratación que valoró el proceso. Dicha adjudicación fue inicialmente recurrida por otra de las empresas que concurrió al mismo, Aqualia.
La sentencia del Alto Tribunal, de mayo de este año, confirma en todos sus extremos otra del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de marzo de 2010 contra la que habían recurrido tanto el consistorio como la empresa adjudicataria Agua y Gestión Medioambientales y condena en costas al Ayuntamiento y a la firma recurrente.
En su sentencia, el TSJA, como en su momento el Juzgado, considera que la constitución de la Mesa de Contratación no se ajustó a la legalidad y que las irregularidades cometidas en el proceso son de suficiente relevancia para proceder a la nulidad del mismo.
“Acierta la sentencia”, dice el fallo del TSJA en referencia al del Juzgado, “cuando afirma que no sólo fue la defectuosa constitución de la Mesa sino una serie de irregularidades que determinan la nulidad de todo el proceso”. Entre ellos, la sentencia cita, la no constancia de quién designó los componentes de la mesa y la no presencia entre los mismos de la Interventora Municipal, pues como señala el Alto Tribunal, el Real Decreto Legislativo 2/2000, relativo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “es claro en cuanto a la exigencia como requisito esencial de la presencia de la Interventora del Ayuntamiento”.
En ese sentido, el fallo apunta que “siendo la mesa de contratación un elemento esencial en el procedimiento de contratación, su constitución y funcionamiento exigen el cumplimiento escrupuloso de la legalidad puesto que afecta la formación de la voluntad del órgano de contratación y constituye la motivación básica de la resolución de adjudicación y garantía de transparencia”. Contra la sentencia no caben nuevos recursos.
El Partido Popular de la localidad ya ha exigido responsabilidades al PSOE, “por un proceso que desde el principio estuvo viciado por falta de transparencia, como señala el TSJA”, según ha declarado la presidenta del PP local, Soledad Martínez.
Los populares que tienen intención de pedir la celebración de un pleno extraordinario para debatir el asunto, han alertado ya del grave perjuicio económico que pudiera derivarse de la sentencia “ya que han pasado ocho años desde la adjudicación y las empresas afectadas podrían realizar reclamaciones económicas a las que no podría hacer frente el consistorio”.
“Este es un caso más, desde luego gravísimo, de la forma de gestionar el ayuntamiento de los socialistas, considerándolo su cortijo y provocando una situación económica de incalculables consecuencias para los vecinos de Huéscar”, ha señalado Martínez quien ha subrayado la condena en costas “porque demuestra que la negativa del ayuntamiento a reconocer las irregularidades ha agravado ahora la situación”.
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