jueves 25 febrero
TRIBUNALES  |   | E.P.

Empieza el juicio exalcalde de Castril acusado de usar líneas telefónicas ajenas a la gestión

Se le acusa de un supuesto delito de malversación de fondos públicos en relación al presunto uso, durante su etapa de gestión

La Audiencia de Granada acoge este martes la selección del jurado popular que enjuiciará esta semana al exalcalde socialista de Castril, José Juan López Ródenas, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en relación al presunto uso, durante su etapa de gestión, de líneas telefónicas del Ayuntamiento para contratar servicios ajenos a la actividad municipal, como productos de televisión y eróticos.

El juicio está señalado para como mínimo el 9 y 10 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, si bien en plaza Nueva solo se seleccionará a los miembros del jurado este martes y el miércoles la vista oral se traslada al edificio judicial de La Caleta, como viene siendo habitual a causa de la pandemia.

Allí será donde comenzará el juicio propiamente dicho con la declaración del acusado, según han detallado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones, mientras que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, pide para el exregidor nueve meses de prisión, multa de 804 euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante nueve meses. Alternativamente, solicita que se aplique la pena del Código Penal vigente a la fecha de los hechos de multa de 3.240 euros y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.

La causa gira en torno a una facturas de las líneas que usaba en el Ayuntamiento el entonces alcalde, entre diciembre de 2008 y enero de 2011, en las que se reflejaban importes por conceptos ajenos a la actividad municipal, como servicios de televisión o de "cámara oculta sexy", entre otros, por un importe de 1.579 euros.

La causa se ha archivado y reabierto varias veces y en ella se ha tratado de valorar si contrató de forma consciente y voluntaria los servicios o si por el contrario fue víctima de una práctica fraudulenta, como ha venido alegando el exregidor, que ha negado haber contratado ninguno de los servicios por los que se le ha tarifado.

Mantiene que en cuanto tuvo noticias de que se habían incluido estos irregulares conceptos en la facturación de su teléfono, abonó en la cuenta municipal 1.579 euros, de modo que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril.

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