En el banquillo un hombre al que la Policía pilló con 35 pastillas de MDMA en la calle Elvira
cuando estos patrullaban por la calle Elvira, "se giró rápidamente para introducirse en un establecimiento de kebab"
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger este jueves, en su sede de la Real Chancillería, el juicio contra el hombre acusado de un presunto delito contra la salud pública por vender droga por las calles del Centro de Granada y por tratar de huir corriendo de los agentes de la Policía Nacional cuando estos trataban de identificarle.
Según consta en el escrito de acusación pública, este hombre, de nacionalidad española y con antecedentes no computables ante este hecho, al percatarse de la presencia de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando estos patrullaban por la calle Elvira, "se giró rápidamente para introducirse en un establecimiento de kebab".
Según la Fiscalía, los agentes entraron en dicho local y pidieron al acusado que saliera a la calle, cosa que hizo este último, si bien súbitamente emprendió la huida a la carrera, siendo seguido por los agentes y dando estos aviso a otros funcionarios policiales.
Los agentes avisados por la Policía finalmente lograron interceptar al ahora acusado en la calle Azacayas tras la persecución, y este fue trasladado a dependencias policiales.
"El acusado fue cacheado, encontrándose entre sus ropas 35 pastillas que resultaron contener MDMA, y dos unidades más de un polvo blanco que resultaron ser anfetamina y MDMA. También se le hallaron un billete de 20 euros y otro de diez euros", asegura el escrito.
El análisis de las drogas incautadas arrojó que 26 de las pastillas de MDMA eran de una pureza del 24,5%, nueve de una riqueza de principio activo del 78,1%, y las unidades del polvo blanco tenían una riqueza del 0,7% y el 0,1% de anfetamina y MDMA respectivamente. La cantidad y la pureza de la sustancia hallada arrojaban un valor en el mercado ilícito de 470,74 euros.
Por todo ello, la Fiscalía acusa a este acusado de un supuesto delito contra la salud pública en concepto de autor, y le pide por ello una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 1.200 euros, con arresto sustitutorio de un mes en caso de impago.
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