Estudiantes de la UGR se oponen al control por videoconferencia de los exámenes
Aseguran que "no se ha tenido en cuenta la opinión del estudiantado", que era "negativa" ante esta propuesta de control
La Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) ha mostrado su oposición a la medida estipulada para la supervisión por videoconferencia del desarrollo de los exámenes no presenciales que se realicen en el marco del plan de contingencia articulado por la crisis del coronavirus.
En un comunicado emitido tras la resolución del Rectorado este pasado lunes sobre el desarrollo de las pruebas de evaluación no presenciales, la Delegación de Estudiantes ha señalado que "no se ha tenido en cuenta la opinión del estudiantado", que era "negativa" ante esta propuesta de control, por la que el profesorado podrá requerir la activación de la cámara y el micrófono de los equipos o dispositivos que usen los alumnos durante los exámenes.
"Existen alumnos que no disponen de las herramientas necesarias para la realización de dichas pruebas, como videocámaras, creando una desigualdad a la hora de ejercer su derecho a examinarse", han agregado los representantes de los estudiantes, que también entienden que "se vulnera la intimidad domiciliaria".
Esto es así, prosiguen, porque "muchos estudiantes se encuentran en su domicilio familiar, donde no tienen un espacio de estudio concreto y privado o que responda a las necesidades de una evaluación bajo esta modalidad".
Además, "este método no garantiza de ningún modo evitar copias o plagios", por lo que piden "que se usen métodos alternativos para la evaluación del estudiantado y no seguir con las metodologías tradicionales que se han vuelto manifiestamente inviables en la situación sanitaria actual".
Por último, la Delegación de Estudiantes pide la "rectificación" de la UGR en lo referente a esta medida", la cual entiende que "está más enfocada a dudar de la honradez" del alumnado "que de asegurar su correcta evaluación".
La resolución, firmada por la rectora de la UGR, Pilar Aranda, especifica que la videoconferencia "no implica una vulneración de la intimidad personal o intromisión domiciliaria alguna, en el bien entendido juicio de proporcionalidad que garantice tales derechos frente a las necesidades del interés público de la verificación del aprendizaje del estudiantado".
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