viernes 5 marzo
La Capital  |   | Redacción aG

El juicio por la denuncia de UPyD contra la conversión de 30 laborales fijos del Ayuntamiento en funcionarios, en junio

La formación magenta reitera su convicción de que la Justicia le dará la razón y anulará las bases de un concurso que "no se ajusta a los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada ha fijado para el próximo 1 de junio el juicio por la denuncia presentada por el grupo municipal de UPyD contra las bases que estableció el Ayuntamiento de Granada para un proceso de conversión de treinta laborales fijos en funcionarios municipales.

UPyD presentó en enero un recurso de reposición contra ese concurso y el Ayuntamiento lo rechazó. Pero como no dio argumentos de peso para ello, el grupo municipal del que es portavoz y concejal Mayte Olalla acudió en febrero a la vía del Contencioso, que ahora admite su petición.

La formación magenta entiende que en ese proceso de funcionarización se han vulnerado los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que deben regir siempre para acceder a la función pública. Entre otras irregularidades, Olalla destacó entonces que el examen no llegaba al número de temas exigidos por la ley y, sobre todo, que la única prueba objetiva para el candidato era la presentación de un trabajo por escrito, de 75 folios, del que ni siquiera tenía que demostrar su autoría.

Rafael Romero, asesor jurídico del grupo municipal de UPyD, cree que este paso que ahora da el Contencioso “demuestra la racionalidad de nuestra demanda” y se muestra convencido de que el juzgado “estimará nuestra demanda y declarará nulo ese proceso, porque está claro que el Ayuntamiento se ha saltado la legalidad y la Constitución”.

Además, el número dos de la lista de UPyD al Ayuntamiento de Granada incide en que esa manera de proceder del equipo de Gobierno “crea problemas a trabajadores a los que les pueden quitar su plaza porque las bases del concurso oposición no se han ajustado a la ley”.

Rafael Romero recuerda que el Ayuntamiento “pudo cambiar las bases y no quiso”, como tampoco estuvieron por esa labor algunos sindicatos. “Prefirieron que el asunto llegara a la vía judicial antes de subsanar su error, como les pedimos”.

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