Granada presenta una guía para agilizar la construcción de vivienda
El documento recoge recomendaciones y buenas prácticas municipales para simplificar la tramitación urbanística, aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda
La alcaldesa de Granada y presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Marifrán Carazo, ha presentado este miércoles en Madrid con la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, la Guía de Recomendaciones para una Tramitación Ágil en Materia de Vivienda.
El documento ofrece una hoja de ruta para facilitar la construcción de nuevas viviendas mediante la simplificación de los procedimientos administrativos municipales, la reducción de cargas burocráticas, el refuerzo de la seguridad jurídica y la agilización de los plazos de tramitación.
La guía surge ante la creciente preocupación por el acceso a la vivienda y se apoya en experiencias reales y buenas prácticas desarrolladas por distintos municipios españoles para agilizar la tramitación urbanística y favorecer la puesta en marcha de nuevos proyectos residenciales.
Granada ha participado en la elaboración del documento aportando su experiencia en materia de gestión urbanística junto a otras ciudades españolas cuyas buenas prácticas han servido de referencia para la definición de las recomendaciones.
El documento parte del diagnóstico compartido por los gobiernos locales de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos y de que aumentar la oferta residencial resulta fundamental para facilitar el acceso a un hogar.
En este contexto, la guía plantea la necesidad de impulsar medidas que permitan acelerar la construcción de nuevas viviendas y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones públicas.
La guía identifica como principales obstáculos los retrasos en el otorgamiento de licencias urbanísticas, la disparidad de criterios interpretativos, las dificultades de comunicación entre administraciones y ciudadanos, la necesidad de obtener informes sectoriales de otras administraciones y la falta de digitalización de determinados procedimientos.
El documento advierte incluso de que, en algunos municipios, la tramitación de determinadas licencias puede prolongarse durante más de dos años, llegando en ocasiones a superar el tiempo necesario para ejecutar la propia obra.
Para afrontar estos desafíos, la guía plantea recomendaciones estructuradas en seis grandes ámbitos de actuación: la formación y profesionalización del personal municipal, la digitalización y administración electrónica, la mejora de la organización interna de los ayuntamientos, la simplificación administrativa, la colaboración público-privada y el refuerzo del papel de las entidades locales en la promoción de vivienda asequible.
Refuerzo de los equipos técnicos municipales, digitalización integral de expedientes e incorporación de nuevas tecnologías
Entre las medidas recogidas en la guía figuran el refuerzo de los equipos técnicos municipales, la digitalización integral de los expedientes, la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar la gestión administrativa y la extensión de herramientas como la declaración responsable, la licencia básica o los informes de idoneidad técnica.
El documento también apuesta por mejorar la información urbanística disponible para los ciudadanos y reforzar la colaboración entre administraciones, colegios profesionales y sector privado para reducir los tiempos de tramitación.
La elaboración de la guía ha contado con la participación de representantes del sector de la vivienda, colegios profesionales, asociaciones de promotores, gestores públicos de vivienda y técnicos municipales.
Asimismo, analiza experiencias y buenas prácticas desarrolladas por ayuntamientos como Granada, Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, A Coruña o San Cristóbal de La Laguna, cuyas iniciativas han servido de referencia para la elaboración de las recomendaciones incluidas en el documento.
Durante la presentación, Carazo ha defendido que facilitar el acceso a la vivienda debe convertirse en una prioridad compartida por todas las administraciones y ha apostado por impulsar medidas que permitan aumentar la oferta residencial, reducir los tiempos de tramitación y generar un entorno de confianza para quienes impulsan nuevos proyectos residenciales.
"La vivienda es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y las administraciones debemos ser parte de la solución. Necesitamos procedimientos más ágiles que permitan aumentar la oferta residencial y ofrecer mayor certidumbre a quienes quieren invertir y promover vivienda en nuestras ciudades", ha afirmado.
La alcaldesa ha subrayado que la seguridad jurídica constituye uno de los elementos clave para favorecer la inversión y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.
En este sentido, ha defendido la necesidad de ofrecer reglas claras y estables que permitan impulsar nuevos proyectos de vivienda con mayores garantías.
Asimismo, ha destacado que la agilización administrativa se ha convertido en un factor de competitividad para las ciudades y ha defendido la necesidad de adaptar los instrumentos urbanísticos y los procedimientos administrativos a las necesidades actuales.
La presencia de Granada entre los municipios analizados por la FEMP responde al conjunto de medidas impulsadas por el Ayuntamiento para aumentar la oferta residencial y agilizar la gestión urbanística.
Entre ellas destacan la concesión de licencias para más de 3.000 viviendas, de las que más de la mitad corresponden a vivienda protegida; la elaboración de una bolsa municipal de suelo para vivienda asequible con capacidad para 3.933 viviendas; la adhesión al Decreto-Ley andaluz de medidas urgentes en materia de vivienda; la aprobación de la Ordenanza Municipal de Edificación y el impulso al futuro parque municipal de vivienda, que prevé incorporar 565 viviendas protegidas.
A estas actuaciones se suma la renovación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), orientado a favorecer un crecimiento sostenible, ampliar las oportunidades residenciales de la ciudad y avanzar hacia el objetivo de alcanzar los 250.000 habitantes.
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