viernes 29 marzo
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Habrá una auditoría para las fundaciones que recibieron fondos de Diputación durante el Gobierno del PSOE

"El tema huele muy mal, ya lo advertimos el primer día", dice Sebastián Pérez sobre la Fundación Saramago y la declaración del exalcalde

El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, ha anunciado este jueves que la institución provincial ordenará que se sometan a auditorías las fundaciones y los organismos que percibieron ayudas económicas durante el mandato del PSOE, porque ha podido existir un "claro descontrol" de fondos públicos.

Así se ha pronunciado Pérez en rueda de prensa en Granada tras ser preguntado por la imputación del que fuera alcalde de Castril (Granada) José Juan López Ródenas (PSOE), que tendrá que declarar el día 7 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Huéscar por supuestas irregularidades detectadas en la gestión de los fondos públicos recibidos por la Fundación Centro José Saramago, de la que fue gerente.

"El tema huele muy mal, ya lo advertimos el primer día, que no se habían gestionado bien los fondos, y nos dijeron que queríamos atacar a Saramago, pero ahora la justicia viene a darnos la razón, y hay irregularidades que llegan presuntamente a delito", ha mantenido el también presidente del PP, que ha señalado que están sin justificar un total de 700.000 euros, una cifra que ha considerado "respetabilísima".

La declaración de López Ródenas se producirá después de que la Fiscalía de Granada le denunciara por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y falsedad documental.

Según consta en la denuncia del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, la "ausencia de contabilidad alguna que permita discernir de manera indiciaria el destino de los fondos aportados por las instituciones públicas, la desaparición de los documentos y la carencia de documentación alguna en los archivos de la fundación" permiten fundamentar la existencia de estos delitos, presuntamente cometidos por quienes ocuparon "los cargos de dirección y control de los fondos aportados" por el Servicio Andaluz de Empleo y la Consejería de Empleo de la Junta y la Diputación de Granada.

La Fiscalía señala además que la fundación, constituida en 2005 (con la aportación económica de 120.000 euros por parte de Diputación y Universidad de Granada a partes iguales), recibió importantes cantidades entre 2008 a 2012, entre otros por la Diputación, el Ayuntamiento de Castril, el SAE y el Ministerio de Cultura, para llevar a cabo determinadas actuaciones de las que "en modo alguno consta justificación o de las que existe una irregular justificación".

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