Interinos de Granada reclaman "estabilidad" en sus puestos
Consideran sus contratos temporales "en fraude de ley" tras décadas trabajando en las distintas administraciones
Interinos de Granada han recorrido las calles de la capital en más de un centenar de coches para reclamar puestos fijos en las instituciones donde trabajan ante lo que consideran "el fraude de ley y abuso de temporalidad".
Así, la caravana de vehículos partía hacia las 11.00 horas desde Casería del Cerro, continuando por Avenida Juan Pablo II, Avenida de Madrid, Doctor Oloriz, Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos y Recogidas hasta dispersarse en la rotonda de Neptuno en torno a las 12.30 horas.
Convocados por el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Granada (Sitag), interinos del propio Consistorio, Diputación, Universidad y Junta de Andalucía han recordado que en la provincia son unos "11.000 trabajadores los que se encuentran en esta situación".
En este sentido han manifestado que no sólo "se incumple la normativa europea", sino "la propia normativa nacional que establece que las plazas cubiertas por interinidades deben salir en oferta de empleo público en el año de su cobertura o en el siguiente, realizándose las correspondientes oposiciones en un plazo improrrogable de tres años".
"Nada de esto se ha cumplido y ahora, tras décadas trabajando en régimen de interinidad, tememos perder los puestos de trabajo en las convocatorias de oposiciones", han reiterado al tiempo que han recalcado que no están en condiciones de competir con "recién licenciados con con todo el tiempo del mundo para estudiar", mientras ellos ya tienen los 50 años cumplidos en su mayoría y cargas familiares y laborales.
Durante el recorrido han realizado una parada frente al Ayuntamiento de Granada, donde han leído un comunicado en el que han señalado que se les ha obligado a "acudir a la vía judicial tras continúas negativas a nuestras reclamaciones administrativas". "Una vía judicial que en caso de no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento podría costar 12 millones de euros a los granadinos y el despido de 200 familias", han reiterado.
Es por eso que han solicitado al equipo de Gobierno de PP y Cs una solución pactada antes de llegar a la vía judicial; la anulación de ofertas de empleo público 2017 al 2020; y la declaración institucional del Ayuntamiento de Granada solicitando solución legislativa para regularización administrativa al Gobierno central.
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