Investigado en un pueblo de Granada por el expolio de 24 sillares de un puente protegido
El hombre de 48 años reconoció que había recogido las piezas "hace tiempo" de unas obras que habían hecho en la zona
La Guardia Civil, en el marco de la operación Pandora VI, ha investigado a un hombre de 48 años, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito relativo a la protección del patrimonio histórico, por el presunto expolio de 24 sillares del puente del río Barbata, un puente del siglo XIX protegido por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Huéscar localizó en la parcela de un vecino de esa localidad 24 piedras rectangulares, que bien podían ser sillares o cubremuros con posible valor arqueológico, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.
El supuesto propietario de dichas piedras reconoció que las había recogido hace tiempo de unas obras que habían hecho en el puente del río Barbata, en la carretera que une las localidades de Huéscar con Puebla de Don Fadrique, a su paso por Huéscar.
Los agentes del Seprona informaron al propietario de las piedras de que darían cuenta a la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Granada para que fueran los técnicos los que dataran dichos sillares y determinaran si se trataba de piezas con valor arqueológico.
Un arqueólogo ha emitido un informe que determina que las piezas identificadas "formaron parte en origen del puente del rio Barbata, construido en el año 1896, y tienen un interés histórico-arqueológico y valor patrimonial ya que el puente se encuentra protegido al amparo del artículo 2 y disposición adicional sexta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz”.
A la vista del informe de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, el Seprona de la Guardia Civil de Huéscar ha investigado al actual propietario de los sillares por un delito contra el patrimonio histórico.
La Guardia Civil recomienda que antes de hacerse con objetos que posean cierta antigüedad, aunque estos estén aparentemente abandonados en el campo, se aseguren mediante una consulta a un especialista de que éstos no están catalogados como patrimonio histórico, ya que si así lo fueran y alguien se apoderase de ellos, como ha ocurrido en el caso de los sillares del puente Barbata, estaría incurriendo en un delito relativo a la protección del patrimonio histórico.
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