jueves 25 abril
La Capital  |   | Redacción AG

IU denuncia la falta de espacio para los servicios sociales de Granada

La concejal Maite Molina asegura que esta situación se da especialmente en los distritos Zaidín, Beiro y Albaicín

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina.

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina.

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina, ha denunciado hoy “la falta de espacios propios para el desarrollo de los talleres y actividades propias de los servicios sociales, en especial de los distritos Zaidín, Beiro y Albaicín”.

Según la edil de izquierdas, “la magnitud de prestaciones que se realizan desde los servicios sociales, y más en una época en la que la situación de vulnerabilidad es cada vez mayor, no se corresponde con la realidad de los espacios de los que se dispone para poder desempeñar de manera eficaz la atención y la intervención social comunitaria con los distintos colectivos sociales que presentan multitud de problemáticas y que precisan que se les protejan sus derechos básicos”.

Molina señala que en el caso de los servicios sociales del Albacín, Zaidín y Beiro, "los espacios de los que disponen son cedidos dentro de los centros cívicos, no son propios, no son centros de servicios sociales por lo que la posibilidad de desarrollar sus actuaciones se ven limitadas porque los usos están priorizados para participación vecinal”.

Maite Molina ha señalado que “en el Zaidín, por ejemplo, usan como espacio tres colegios públicos para los talleres y el hotel asociaciones, y deben solicitar con un año de antelación la necesidad de los mismos para las reuniones y demás actividades, lo que hace que la casuística diaria ante situaciones especiales se demore largamente en el tiempo hasta poder ser atendida”.

Molina indica también que “Los colectivos de participación ciudadana tienen preferencia en el uso de los espacios con lo que las actuaciones propias y prioritarias de los servicios sociales están desbordadas y sin un lugar concreto y reservado para poder realizar la labor social que hoy es más imprescindible que nunca”.

Molina ha advertido asimismo de que no se dan cuenta de la perversidad y del grave daño de la reforma de la administración local que entrará en vigor el año que viene con respecto a la previsible desaparición de los servicios sociales. "La sociedad debe darse cuenta de que tiene derechos sociales y estos se garantizan a través de los ayuntamientos con la prestación de los servicios sociales, y esto lo decimos porque con la reforma local corren grave riesgo de desaparición prestaciones esenciales como las ayudas económicas de emergencia, el trabajo con menores contra el absentismo escolar, la intervención en zonas con necesidades de transformación social, que en Granada son zona norte y Zaidín, la dependencia que a día de hoy está totalmente paralizada, o la atención a uno de los sectores más vulnerables, como son los inmigrantes”.

Para la edil de IU “el equipo de gobierno del PP ya lleva tiempo gestionando el área de bienestar social bajo mínimos y prueba de ello es que este año hay 13 mil euros menos para programación comunitaria en los centros municipales de servicios sociales, 3000 menos en subvenciones a los servicios sociales comunitarios, 3000 menos en traducción e interpretación, 2300 menos en talleres socioterapeúticos sectoriales, 36.000 menos en intervención social sectorial, la ya denunciada y eliminada teleasistencia, y 10.000 euros menos en campañas de sensibilización sobre los servicios sociales”.

Maite Molina ha indicado que en la actualidad la mayoría de los servicios sociales "tiene dos patas en cuanto a quien los presta y cómo se financian: la que dependen de los funcionarios propios del Ayuntamiento de Granada y la que depende de subvenciones y programas de la Junta de Andalucía, de la que dependen numerosos contratos y por tanto muchos trabajadores, que son la mayoría y que, hoy, se tambalea su existencia gracias a la reforma antimunicipalista del PP”.

“Hay una enorme plantilla que trabaja en los servicios sociales como educadores, trabajadores sociales, psicólogos y trabajadores dependientes de programas y contratos temporales pero que se han ido renovando año tras años que están pasando por una incertidumbre tremenda ante la aplicación de esta reforma local, por sus puestos de trabajo y también por la desaparición y desmantelamiento de los talleres y servicios sociales comunitarios que llevan a cabo, así el Servicio de atención al inmigrante, los programas de dependencia, que recordamos lleva CLECE en Granada, los servicios de igualdad, el centro de encuentro y acogida para drogodependientes y que, como decimos están en su mayoría parados, y todo esto justo en el momento de más pobreza que es cuando es necesario incrementar los servicios sociales con mas intervención social y comunitaria”, continúa la edil de izquierdas.

Molina también se ha referido al hecho de “la privatización de multitud de servicios sociales como son los que realiza Grupo Educativo que realizan talleres de servicios sociales comunitarios y a cuyos monitores se les paga 7 u 8 euros menos de lo que se adjudica en el contrato, o la empresa Clece, que realiza la prestación de ayuda municipal a domicilio, o Aldeas infantiles y Fundación Don Bosco, también con menores, no solo supone que la prestación de servicios sociales no se hace bajo el prisma y la protección 100% pública sino que además supone que sus sueldos son muy inferiores a la categoría profesional con la que cuentan, el PP gestiona de modo privado y desprotegiendo derechos laborales fomentando el trabajo precario ante un desbordamiento de actividad”.

Por último Maite Molina se ha hecho eco de los datos aparecidos hoy sobre desprotección social y ha señalado que “es evidente que las necesidades sociales son cada vez más acuciantes, es evidente que estos momentos lo preciso es reforzar los servicios sociales, más de 13 mil personas atendidas por Cáritas en Granada capital por falta de alimentación, empleo y vivienda son datos que hablan por sí solos para incrementar las prestaciones sociales, los espacios de atención a los colectivos sociales y para defender como un derecho social la subsistencia de los servicios sociales como competencia propia de los Ayuntamientos, sobre todo porque afecta a la población más vulnerable como son las mujeres víctimas de violencia, los menores, los mayores con grandes problemas de dependencia y de carencia de recursos económicos así como los inmigrantes, el PP debe implicarse seriamente en blindar los servicios sociales porque a día de hoy todo está en el aire y la incertidumbre en los servicios sociales es total”.

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