jueves 28 marzo
La Capital  |   | Redacción AG

IU denuncia que el Ayuntamiento deja en la calle familias desahuciadas con rentas bajas

Lamentan que en cambio mantenga alrededor de 60 viviendas vacías de titularidad municipal

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha denunciado que el gobierno municipal rechaza “peticiones de alquiler social de familias en riesgo de desahucio y exclusión mientras mantiene cerca de sesenta viviendas vacías de titularidad municipal”. De este modo el edil de la organización de izquierdas “critica que el equipo de gobierno del PP se comporte como los peores especuladores y retengan estas viviendas vacías mientras que familias en situación de vulnerabilidad no son atendidas y son rechazadas por la empresa municipal de vivienda y suelo”.

Puentedura explica que hace unos meses el equipo de gobierno puso 15 viviendas de titularidad municipal, situadas en Santa Adela en el Zaidín, en régimen de alquiler social “dirigidas a familias en riesgo de exclusión y que estén en situación de ejecución hipotecaría y que van a sufrir un desahucio”. Según datos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMUVYSSA), se registraron unas 45 peticiones, de las que 13 fueron admitidas y se les adjudicó un alquiler social “que ronda de los 100 a 150 euros”. No obstante el resto no han sido atendidas y de ellas unas 20 fueron rechazadas “por no reunir los requisitos de ingresos mínimos, alrededor de unos 550 euros al mes”. Para el portavoz municipal de Izquierda Unida, “es indecente que el Ayuntamiento rechace peticiones de familias cuyas rentas son muy bajas, por el criterio de no alcanzar un mínimo de ingresos, mucho más cuando EMUVYSSA tiene viviendas de titularidad municipal suficientes para atender todas estas peticiones”. De hecho Puentedura señala que el Ayuntamiento tiene en propiedad unas 40 viviendas vacías, en el Edificio Apache, entre la Chana y bobadilla, además de una docena de viviendas en el residencial los olivos en el Fargue, además de un edificio de viviendas vacías en la Calle Lepanto en el Centro de la ciudad y otras viviendas vacías en el Barrio de Santa Adela en el Zaidín,  “más de 60 viviendas vacías que deben destinarse a cubrir todas estas situaciones de emergencia social que el Ayuntamiento no atiende”.

Puentedura señala “que no se trata de regalar ninguna vivienda a nadie sino atender la situación de emergencia social que viven numerosas familias por el contexto de crisis y facilitarles una vivienda en alquiler social para evitar que esta situación de vulnerabilidad les lleve a la exclusión social”. Además el grupo municipal de IU asegura que es "una vergüenza que el Ayuntamiento de Granada rechace a madres con hijos menores a su cargo que se han visto en la calle por un desahucio, y en algunos casos con problemas de violencia de género, mientras la empresa municipal de vivienda y suelo mantiene estas viviendas vacías y cerradas”. Asimismo IU critica que también han sido rechazadas “familias con todos los miembros en paro, cuyos ingresos dependen de una prestación social o renta de inserción y personas mayores con ingresos muy bajos que dependen de una pensión minúscula”. “A todas estas familias son a las que el PP mantiene en la calle” denuncia Puentedura.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida han exigido al gobierno municipal y a EMUVYSSA “que todas las viviendas de titularidad municipal vacías se pongan en régimen de alquiler social y que se atienda la situación de emergencia social que sufren las familias que han sido rechazadas”. Además Puentedura exige “que se elimine el criterio de ingresos mínimos, en referencia al IPREM (unos 550 euros), porque justamente el alquiler social debe priorizar a quienes menos ingresos tienen y sus solicitudes no deben ser rechazadas sino atendidas con prioridad, y porque este criterio deja fuera a familias que dependen de una renta de inserción, se una pensión no contributiva o de los 426 euros de ayuda para desempleados, en estos casos habrá que bonificar el alquiler si es necesario pero no hay que permitir que el Ayuntamiento deje en la calle a familias con menores a su cargo y que están en una situación de vulnerabilidad”.

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