sábado 20 abril
La Capital  |   | Redacción aG

IU presenta una moción para que Granada se declare en contra del TTIP y a favor de los servicios públicos básicos

Además solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles, que son esenciales para la ciudadanía"

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha presentado una moción por la que se propone al Pleno que la ciudad de Granada se declare “en contra del TTIP” (Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones) y a favor de “los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social”. Según explica Francisco Puentedura, portavoz del grupo municipal, la oposición al TTIP se fundamenta en las repercusiones que este acuerdo, que está negociando la Unión Europea con EEUU, tendrá sobre los servicios públicos, al contemplar entre sus objetivos "la liberalización total de los mismos y su apertura a las conocidas como ETN" - grandes empresas transnacionales-, así como “la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, con acuerdos que se están negociando en secreto, casi nula transparencia y sin ningún control por parte de organismos públicos que representan a la ciudadanía”.

En esta moción de IU contra el tratado que se negocia en la Comisión Europea, sin contar con los parlamentos nacionales ni europeo, el Ayuntamiento de Granada debe declarar al municipio como “opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social”, tal y como han hecho otros Ayuntamientos de España y Andalucía. En la moción además se solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles, que son esenciales para la ciudadanía”. Asimismo, la moción solicita del Ministerio de Economía “la supresión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares para la privatización de todo tipo de servicios públicos”.

El objetivo de esta solicitud al Ministerio no es otro que el de velar "porque no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la manipulación de las ETN en la regulación y normativa”. Igualmente, pretende que “el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales”. Aboga también por terminar con “la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en España y en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales" y, finalmente, “que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo”.

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