IU propone que los ingresos por multas se destinen al transporte público y la movilidad "metropolitana"
El grupo municipal critica que se mantenga un sistema de accesos, restricciones y cámaras pensado "en aumentar la recaudación por sanciones en vez de prevenir"
El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha pedido que se adopten “medidas coherentes en materia de movilidad sostenible” y que la recaudación de multas se destine a inversiones que favorezcan la movilidad sostenible, metropolitana y la educación vial.
De este modo, el portavoz de la organización de izquierdas, Francisco Puentedura, ha criticado que el equipo de Gobierno mantenga un sistema de accesos, restricciones y cámaras pensados "no en favorecer la movilidad ni el transporte público, sino en aumentar la recaudación por multas en vez de prevenir".
En esta línea, se ha pronunciado sobre el convenio firmado con la Diputación que permitirá al Ayuntamiento realizar el cobro de seis millones de euros más de multas realizadas en la ciudad en los últimos tres años a personas no residentes en la misma, para las que el Consistorio granadino no podía utilizar la vía ejecutiva.
Puentedura ha asegurado que este acuerdo es “necesario, pero no en los términos que se están planteando” y ha precisado que su grupo llevará al próximo pleno una iniciativa para pedir que estos ingresos tengan un destino finalista, es decir, “que se destinen a mejorar el transporte público, la educación vial y la movilidad sostenible y así prevenir el acceso de vehículos privados a la ciudad y multas ofreciendo alternativas en la ciudad”.
Además, el portavoz de IU ha apuntado que la ciudad cuenta con un “sistema de notificaciones obsoleto” que ocasiona “que la multa muchas veces pueda no llegar a alguien que ha cambiado de domicilio”.
Cien mil multas en Granada durante 2017
Además IU ha recalcado que el pasado 2017, último año cerrado por la Agencia Municipal Tributaria, dejó unas 100.000 multas en Granada, de las que solo tres son de vehículos extranjeros, mientras que unas 26.000 son de personas residentes en la capital y más de 80.000 de personas de la provincia u otras provincias.
Con el convenio firmado con la Diputación, el Ayuntamiento conseguiría el cobro de 48.000 multas pendientes desde los años 2015, 2016 y 2017, de cuyo importe se destinaría un 25% al organismo provincial “condiciones económicas que son abusivas para la ciudad”.
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