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Juicio a los socios de una promotora por una estafa de un millón de euros en Armilla
El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de cinco años de prisión para cuatro acusados de hacerse de manera ilícita con algo más de un millón de euros a través de una empresa de la que eran socios y a la que una promotora adjudicó una serie de trabajos dentro de la construcción del llamado 'Residencial Nevada', de 127 viviendas, en el término municipal de Armilla.
Están acusados de un delito continuado de estafa en concurso con otro delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular por el que se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Ganada el próximo febrero.
Dos de los acusados eran los administradores mancomunados de la mercantil, cuyo objeto social consistía en la promoción y construcción de viviendas de protección oficial y de cualquier otra clase. La tercera acusada era socia de esta entidad y la cuarta trabajaba en ella como administrativa, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.
A la empresa de los acusados se le adjudicó en julio de 2017 un contrato de ejecución de obras de una promotora para que realizaran el proyecto básico y los trabajos de cimentación, saneamiento y puesta a tierra y estructura de la obra del 'Residencial Nevada', que suponía la construcción de 127 viviendas, locales, garajes y trasteros en la localidad de Armilla, frente al Centro Comercial Nevada. El precio estipulado a pagar a esta empresa era de 2,4 millones de euros, de los que le fueron abonados por cheque bancario 1,6 millones.
Tras recibir el encargo, la empresa de los acusados, como contratista, subcontrató a su vez a un total de ocho empresas la ejecución de distintas partidas de la obra y aunque realizaron los trabajos y emitieron las correspondientes facturas, no les pagaron en la mayoría de los casos.
Un plan
La Fiscalía acusa además a los cuatro procesados de urdir un plan por el que, pese a ser conscientes de la difícil situación financiera de la empresa, solicitaron en febrero de 2018 a la promotora encargada del residencial un adelanto por obras realizadas de 447.043 euros "y ello con el fin de cobrar antes de los vencimientos pactados con las subcontratas".
Para ello, los acusados, representantes y socios de la empresa investigada, adujeron la urgente necesidad de pagar a sus proveedores, "presentando para dar apariencia de veracidad a sus peticiones y a sabiendas de que no se correspondía con la realidad", diversos documentos firmados y con sello de cada una de las subcontratistas, fechados todos a 31 de enero de 2018 y supuestamente emitidos por las sociedades.
Estaban firmados por sus respectivos representantes legales y con sellos de dichas empresas, documentos entre los que se encontraban unas certificaciones en las que se hacía constar "mendazmente" que estaban al corriente en el pago a las subcontratas. La documentación fue confeccionada al efecto por una de las acusadas, que hacía tareas de administrativa en la empresa investigada.
De esta forma consiguieron que la promotora accediese a la concesión del adelanto en el pago que le fue solicitado. Una vez cobrado el importe adelantado, la empresa de los acusados abandonó la obra al día siguiente, desmontando y abandonando la oficina que tenía. Actualmente está en concurso de acreedores.
La Fiscalía cifra en algo más de un millón de euros la cantidad con la que se hicieron los acusados de forma ilícita, por la que todos los perjudicados reclaman. El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
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