jueves 4 marzo
TRIBUNALES  |   | E.P.

Juicio a un empleado de banca acusado de estafar 51.500 euros a un jubilado

Le dijo que estaba garantizada una alta rentabilidad dado que la operación estaría avalada por la comunidad europea, el gobierno de Estados Unidos y el FMI

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada acoge este miércoles el juicio contra un empleado de una entidad financiera acusado de estafar 51.500 euros a un cliente al que convenció para que comprara participaciones de una empresa dedicada a exportar casas prefabricadas a Dakar (Senegal), después de que la víctima, un jubilado, le transmitiera su deseo de invertir el algo rentable los ahorros conseguidos a lo largo de su vida.

La Fiscalía ha calificado los hechos de un delito de estafa continuada por el que pide para el acusado cuatro años de prisión y multa de 3.300 euros, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a noviembre de 2013, cuando la víctima se dirigió al acusado por ser la persona de mayor confianza para él en la oficina bancaria y le trasladó su deseo de asegurar su dinero en algún producto rentable.

El procesado le habló de un negocio en ciernes en el que él mismo participaba, consistente en exportar casas prefabricadas a Dakar procedentes de unas fábricas de Santander y Zaragoza.

Le dijo que estaba garantizada una alta rentabilidad dado que la operación estaría avalada por la comunidad europea, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional en el deseo de ayudar a Senegal en una zona anegada de humedales que necesitaba urbanizarse.

El acusado le llegó a mostrar alguna documentación del proyecto y le ofreció la posibilidad de participar en la empresa y adquirir un 26 por ciento de la misma por 40.000 euros.

El 22 de noviembre de 2013, la víctima firmó un contrato de compraventa de participaciones sociales con el acusado de una supuesta sociedad llamada Pad Bouggi Motor S.A.R.L. domiciliada en Dakar y el pago se materializó unos días después, ingresándolo el empleado de banca a una cuenta de la que él era titular junto a otra persona.

El fiscal incide en que todas las conversaciones y la firma del contrato se desarrollaron en la oficina bancaria, lo que dotó de mayor credibilidad a la operación a ojos de la víctima.

Al mes siguiente el acusado convocó de nuevo a la víctima en su oficina para indicarle que debía hacer una nueva aportación para una serie de gastos propios de la empresa y le convenció para poner otros 11.500 euros.

Pasados varios meses, la víctima empezó a pedir explicaciones al no ver movimiento ni resultados y el acusado le mostró unos supuestos documentos del negocio sobre adquisiciones de terrenos en Dakar. Finalmente el cliente pidió rescindir la relación contractual y aunque firmaron un documento para ello, nunca se produjo la devolución de los 51.500 euros que había aportado.

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