Justicia destruye más de 140.000 expedientes judiciales para liberar espacio
La Junta de Expurgo ha aprobado eliminar documentos van desde el año 1945 a 2002, salvo uno por año que irá al Archivo Histórico Provincial de Granada
La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada va a eliminar 142.541 expedientes judiciales carentes de valor contenidos en 3.326 cajas, tal como acordó en sus dos últimas sesiones la Junta de Expurgo, órgano integrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Consejería de Justicia, con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales de la comunidad.
Los documentos que van a ser eliminados son expedientes de diligencias previas, juicios de faltas y recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicios de faltas que van desde los años 1945 hasta 2002.
Asimismo, la Junta de Expurgo ha aprobado que un expediente por año sea remitido al Archivo Histórico Provincial como muestreo. De esta forma, se archivarán 265 expedientes de los más de 140.000 y 33 cajas.
Los partidos judiciales que se liberarán de este papel serán los de Baza, Granada capital, Guadix, Huéscar, Loja, Motril y Órgiva.
La eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada. Además, supone un ahorro en gastos de conservación de los archivos.
Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.
Este plan forma parte de las políticas de la Junta para el impulso de una Justicia digital y sin papeles, que contribuye a la protección del medio ambiente y al ahorro de costes y tiempo. El proyecto se enmarca también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental para el control y acceso al material desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.
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