Juzgan este miércoles al exalcalde de Atarfe por supuestas contrataciones irregulares
La Fiscalía de Granada ha solicitado para él ocho años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público
La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge este miércoles el juicio contra el exalcalde de Atarfe, el socialista Tomás Ruiz, por la supuesta contratación de personal municipal sin seguir los trámites previstos en la ley.
La Fiscalía de Granada ha solicitado para él ocho años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por dos delitos contra la administración pública, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.
De acuerdo al relato del fiscal, los hechos se remontan al 18 de diciembre de 2012, cuando el exregidor dictó una resolución en la que se acordaba la jubilación a tiempo parcial de un trabajador como director de contratación y compras y, al mismo tiempo, se contrataba para ocupar dicho puesto, mediante un contrato de relevo, a otra persona que con anterioridad había desempeñado su labor en la empresa pública 'Proyecto de Atarfe S.A.'.
Este contrato se firmó "sin tramitar previamente ningún expediente administrativo y obviando" lo establecido en el Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria para la Corrección del Déficit, el cual establecía la necesidad de declarar la excepcionalidad de cada una de las contrataciones efectuadas y justificar la urgencia de llevarlas a cabo, añade el fiscal.
Considera que en este proceso de contratación se prescindió además de los principios de igualdad, mérito y capacidad que debe presidir toda contratación pública, lo cual fue advertido, entre otros reparos, por el secretario del Ayuntamiento de Atarfe.
"Pese a ello, y persistiendo en su pretensión de contratar a personas sin tramitación de expediente alguno", el 29 de diciembre de 2012, Tomás Ruiz dictó como alcalde de Atarfe otra resolución en la que se acordaba la contratación de un segundo trabajador, también procedente de la empresa pública 'Proyecto de Atarfe S.A', en los mismos términos que el anterior para el puesto de técnico informático.
En relación a ambas contrataciones, el Interventor Municipal emitió, el 3 de enero de 2013, dos informes en los que suscribía los reparos señalados por el secretario y señalaba las deficiencias de la contratación.
El fiscal señala que el exalcalde "desoyó palmariamente" las recomendaciones del secretario y el interventor, puesto que días más tarde "no sólo no suspendió la tramitación de los expedientes" sino que dictó dos providencias en las que ordenaba el pago de los haberes salariales a los trabajadores afectados.
Además, llevó a pleno la aprobación de un acuerdo para conseguir que estos trabajadores de la empresa 'Proyecto de Atarfe' se integraran con la mayor celeridad posible" a la plantilla del Ayuntamiento de Atarfe como personal laboral.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de dos delitos contra la administración pública, uno primero en su modalidad concreta de prevaricación administrativa perpetrado por funcionario público, por lo que pide para el acusado, además de los ocho años y medio de inhabilitación, la privación del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.
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