miércoles 11 diciembre
La Capital  |   | E.P.

La Audiencia revisará el 7 marzo las peticiones de archivo del caso Emucesa

La decisión de los dos exconsejeros delegados Eduardo Moral y María Francés de poner el asunto en conocimiento del juzgado propició que la Fiscalía archivara las diligencias

La Audiencia de Granada ha fijado el 7 de marzo para decidir sobre los recursos presentados por algunos de los investigados en el caso Emucesa contra la decisión del juez que instruye la causa de no archivar las actuaciones, en las que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de altos cargos en la empresa que gestiona el cementerio de San José.

En una providencia de principios de febrero, la Sección Segunda de la Audiencia ha señalado la deliberación para dictar la resolución procedente el 7 de marzo, tras los recursos presentados por, entre otros, la concejal del PP María Francés, y el gerente de Emucesa contra la decisión del juzgado de no archivar el caso.

En la causa están investigados un total de seis trabajadores que se beneficiaron de contratos presuntamente irregulares, el gerente de Emucesa y las personas que presuntamente realizaron las contrataciones en sus respectivas etapas como consejeros delegados, la concejal del PP María Francés y el exedil de este mismo partido Eduardo Moral.

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada rechazó a finales de septiembre el archivo de las actuaciones para seis de estos investigados, en la línea de lo expuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideraron que no procedía el sobreseimiento y sí que continuaran las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada sobre supuestas contrataciones irregulares en Emucesa durante la etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento. Lo hizo después de que informes técnicos concluyeran que, entre 2003 y 2012, cuando la empresa era cien por cien pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de mas de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.

La decisión de los dos exconsejeros delegados Eduardo Moral y María Francés de poner el asunto en conocimiento del juzgado propició que la Fiscalía archivara las diligencias, siguiendo la causa su curso en el Juzgado, donde declararon en su día en calidad de investigados.

Ambos negaron irregularidades en las contrataciones, incidiendo en que estas personas realizaron la labor para la que fueron empleadas y que nunca hubo "reparos" ni desde el Consejo de Administración, ni de la Gerencia ni en las auditorías externas que se realizaron en aquellos años.

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