La Diputación estudia llevar a los tribunales el decreto de formación de Susana Díaz por "vulnerar competencias"
“Vamos a pagar justos por pecadores debido al escándalo de los cursos de formación con el sindicato amigo de UGT" ha lamentado el diputado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado
Francisco Javier Maldonado ha resaltado que la Diputación, com siempre durante los últimos tres años, va a estar defendiendo el interés de todos los municipios de la provincia. Foto: aG.
La Diputación Provincial ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la derogación y nueva redacción del artículo 5 del Decreto 98/2014 que regula la composición de las comisiones paritarias de formación por el empleo al entender que vulnera las competencias de las administraciones provinciales y locales. La Institución Provincial se reserva llevar el caso a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, de no encontrar respuesta a este requerimiento previo formulado con fecha 10 de septiembre por el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez.
Así lo ha informado en rueda de prensa el diputado delegado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado, que ha explicado que las comisiones paritarias, que se crean con este decreto que modifica los estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, son las encargadas de la propuesta de reparto de los 1,4 millones de euros que percibirán las entidades locales andaluzas para el desarrollo de formación para los empleados públicos.
En estas comisiones entra la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y no las diputaciones lo que supone que sus competencias y, por consiguiente, las de las entidades locales, se vean “gravemente lesionadas”, según ha lamentado el diputado que ha recordado que no todos los municipios están asociados a la FAMP y, pese a ello, la Junta le reserva con el nuevo reglamento el 25 por ciento del total de los fondos para formación, casi medio millón de euros, cuando la federación equivalente en el ámbito nacional, la FEMP, solo recibía un 4 por ciento hasta el año pasado.
Hasta ahora, los fondos de formación habían sido distribuidos por el Ministerio de Administración Pública mediante la convocatoria que se hacía en el mes de enero de cada año estando los fondos disponibles en las diputaciones alrededor del mes de abril para la ejecución de las acciones formativas durante el resto del ejercicio.
Por acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo estos fondos se reparten desde este año por las comunidades autónomas aprobando a tal efecto la Junta de Andalucía el Decreto 98/2014 en junio de 2014. “Como siempre la comunidad autónoma de Andalucía es la última en todo, y la última de España en convocar estas ayudas”, ha resaltado a este respecto el diputado de Función Pública.
Pese a tener la transferencia estatal realizada desde principios de año, los pagos a las entidades locales andaluzas se retrasan por no estar aprobado el correspondiente plan de formación. Ello habría supuesto el “colapso” de los planes de formación provinciales que, sin embargo, en Granada se está desarrollando con normalidad ya que, “conociendo ya como funciona la Junta de Andalucía”, según ha especificado Francisco Javier Maldonado, la Diputación Provincial ha adelantado “de forma transitoria” un montante de 70.000 euros para realizar las correspondientes acciones formativas desde el mes de enero.
“La Diputación de Granada, como siempre durante los últimos tres años, va a estar defendiendo el interés de todos los municipios de la provincia”, ha resaltado Francisco Javier Maldonado que ha criticado que la FAMP, a la que se adjudica “una representación de la que carece”, entre en las comisiones paritarias a diferencia de las diputaciones provinciales que, según la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), tiene competencias en formación y selección del personal, y en elaboración de instrumentos de gestión de personal, planes de carrera profesional evaluación de desempeño, así como en el diseño y, en su caso, ejecución de programas de formación y desarrollo de competencias para representantes locales.
El decreto de la Junta también vulneraría la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 141 de la Constitución Española que define las competencias de las diputaciones. Pese a esta situación, que el diputado de Función Pública, ha relacionado con la nueva política de la Junta ante el caso de los fondos de formación, la Diputación de Granada ha iniciado este año ya más de 30 acciones formativas dirigidas a casi mil empleados públicos de toda la provincia llegando a tener adheridos a más de 7.000 empleados públicos a la plataforma de formación de la Diputación con la participación de la práctica totalidad de los ayuntamientos y ELAs de la provincia.
Al inicio del mandato, había unos 50 ayuntamientos adheridos al plan de formación de la Diputación que no llegaba a más de 2.000 empleados públicos de la Diputación y las entidades locales de la provincia.
El diputado Francisco Javier Maldonado ha lamentado que, pese a la buena acogida de estas actividades gracias al equipo de Formación del área de Función Pública de la Diputación de Granada, “vamos a pagar justos por pecadores debido al escándalo de los cursos de formación con el sindicato amigo de UGT que está todos los días en los medios y por el que se han perdido cientos y cientos de miles de euros”. “Una vez más estamos tapando las vergüenzas de la Junta de Andalucía que vuelve a incumplir sus compromisos con los ayuntamientos y las diputaciones”, ha añadido Maldonado, que ha exigido por último que se deje gestionar los recursos para la formación a quienes han demostrado saber administrar bien el dinero "sacándole el máximo rendimiento”.
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