La exdelegada de Empleo dice haber cumplido la legalidad "en todo momento"
Durante su intervención en la comisión de investigación, Marina Martín Jiménez ha querido dejar claro que "nunca" ofreció trato de favor a ninguna empresa, ni dio instrucciones a sus subordinados para que incumplieran la legalidad vigente
La exdelegada de Empleo de la Junta en Granada, Marina Martín Jiménez ha asegurado este martes ante la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación que ha cumplido la legalidad "en todo momento" y que todas sus actuaciones al frente de este cargo se realizaron con "total diligencia y rigor". Si bien, ha rechazado responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, argumentando que, al estar inmersa en una causa judicial, su abogado se lo desaconseja.
Así se ha pronunciado Martín Jiménez durante su intervención ante la comisión de investigación, en la que también están citados esta semana otros seis ex delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Si bien, en una breve intervención de cinco minutos, Martín Jiménez ha querido dejar claro que nunca ofreció trato de favor a ninguna empresa, ni dio instrucciones a sus subordinados para que incumplieran la legalidad vigente, como tampoco ella recibió órdenes por parte de sus superiores en este mismo sentido.
Ha defendido el "gran trabajo" realizado por el equipo de profesionales con el que contaba en la Delegación de Empleo de Granada y ha insistido en que, tal y como narraron los jefes de servicio de la provincia ante esta comisión las convocatorias de ayudas han sido resueltas por órganos colegiados, "de acuerdo con los criterios de las bases reguladoras".
También ha destacado la compareciente que el interventor de la Junta en Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, señaló ante esta comisión que no ha habido menoscabo de fondos y que el hecho de que faltaran justificantes en los expedientes no quiere decir que no existieran.
En este punto, ha precisado que el interventor de Granada que realizó el informe especial sobre las ayudas a la formación no fue el mismo que acometió la fiscalización previa de 2009 a 2012, y que cuando se realizaron los trabajos previos a la elaboración del citado informe las competencias ya no estaban en Empleo.
Martín Jiménez ha defendido que hasta el último momento en el que ella estuvo al frente de la delegación de Empleo en Granada se estuvo trabajando "intensamente" con "rigor y dedicación", se tuvieran "más o menos medios". "Supongo que desde entonces habrá continuado igual", ha afirmado la compareciente.
Pese a que la exdelegada de Empleo se ha acogido a su derecho a no declarar, los representantes de PP-A, Ciudadanos e IULV-CA le han formulado las preguntas que tenían preparadas. Ningún representante de Podemos ha estado presente en esta comparecencia y el PSOE-A ha declinado formular las preguntas para no vulnerar "ningún derecho constitucional ni situar en posición de acoso al compareciente".
PP-A pregunta por la paralización del informe de actuación
El diputado del PP-A Jaime Raynaud, que ha recordado durante su intervención que Martín Jiménez ostenta actualmente los cargos de directora gerente de la Fundación El Legado Andalusí y secretaria general del PSOE de Chauchina, ha dedicado buena parte de su intervención a preguntar sobre las declaraciones del interventor de Granada ante esta comisión, asegurando que el mismo no había descartado el menoscabo de fondos.
Ha dicho que le hubiera gustado que la compareciente le diera su opinión sobre un "hecho sui géneris", en relación a que el informe del actuación del interventor de Granada haya estado paralizado y no haya sido tramitado por el Interventor general hasta un año después de su emisión, algo que no ha ocurrido con los informes de actuación del resto de provincias. "Es una cuestión que ha pasado desapercibida pero que tiene una gravedad extraordinaria", ha indicado.
La diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy ha destacado que Raynaud tiene "mucho interés" en el interventor de Granada y ha criticado que este último se permitiera "el lujo" de enviar a los correos personales de los miembros de esta comisión el informe de actuación que realizó y que no se lo enviara a los diputados del PSOE, dejando a éstos en "desigualdad de condiciones". Asimismo, ha dicho esperar que la compareciente no se haya sentido "coaccionada" durante su presencia en esta comisión.
C'S: "No hay que confundir responsabilidad penal y política"
Por su parte, la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet ha advertido de que "no hay que confundir" las responsabilidades penales con las políticas y ha señalado que el hecho de que muchos de los comparecientes llamados por esta comisión se estén acogiendo a su derecho a no declarar está dificultando "y bastante" la labor de los grupos parlamentarios representados en este órgano.
Finalmente, la diputada de IULV-CA Elena Cortés también ha dicho que le "apena profundamente" que la exdelegada no colabore para delimitar responsabilidades políticas, siendo éste el objetivo de esta comisión. "Los delegados provinciales son responsables políticos y una fuente de conocimiento verdaderamente extraordinaria para este grupo", ha apuntado la parlamentaria.
Martín Jiménez ha vuelto a tomar la palabra al final de la sesión durante dos minutos escasos, en los que ha pedido disculpas por no haber podido declarar y ha reconocido que se queda "con muchas ganas" de responder a todas las preguntas formuladas. Ha indicado que ha colaborado en la medida que ha podido y ha recordado que hace un año sufrió una detención que ha calificado como "anormal".
"Por desgracia, hice unas declaraciones de las que no me voy a arrepentir, pero que no tenía que haber hecho y, por recomendación de mi abogado, solo voy a hacer declaraciones en sede judicial", ha apuntado la exdelegada, quien ha indicado también que hace cuatro años que dejó el cargo y que no tiene ningún tipo de documentación relacionada con los expedientes en su poder.
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