La Fiscalía abre diligencias de investigación por los contratos 'fantasma' en Emucesa
Después de que el pasado diciembre la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez denunciara posibles delitos de prevaricación y malversación
La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal en relación a los contratos 'fantasma' en la empresa Emucesa, que gestiona el cementerio de San José de Granada, a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada sobre supuestas contrataciones irregulares durante la etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento.
Así consta en el decreto emitido por el Ministerio Público, después de que el pasado diciembre la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez denunciara posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la presunta contratación de cinco personas afines al PP en cargos de alta dirección que, según los informes técnicos, "nunca habían trabajado en la sede de la empresa", que en aquel momento era cien por cien pública.
Los hechos investigados tienen relación con posibles contratos "fantasma" firmados por dos concejales del PP, consejeros de la empresa, entre 2005 y 2012. El ahora exedil Eduardo Moral y la todavía concejal del PP María Francés.
Contratos a seis personas
El informe emitido por el gerente de Emucesa, también a petición de la concejal de Vamos Granada, aludió a la existencia de contratos de alta dirección a seis personas, de los que acreditó que cinco de ellas no habían trabajado en la sede de la empresa, sin que hubiera constancia de que realizaran ningún trabajo para la misma.
El Ministerio Público ha decidido investigar el asunto y ha oficiado a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial para que determine "la veracidad de la prestación de los trabajos para los que fueron contratados, informes elaborados, asistencia a actos y eventos relacionados en los contratos", así como otros asuntos como el lugar de prestación de estos servicios.
A raíz de este mismo asunto, el Consejo de Administración de Emucesa ha acordado este pasado miércoles presentar una denuncia por la vía penal contra los consejeros delegados del PP que presuntamente respaldaron esas contrataciones --Eduardo Moral y María Francés-- y contra las cinco personas que fueron empleadas.
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