miércoles 27 octubre
MARACENA   |   |

La Fiscalía mantiene su petición de inhabilitar a Noel López y pide imputar al concejal de Urbanismo

El juicio contra el alcalde de Maracena ha quedado visto para sentencia · La defensa considera que la administración actuó "sin causar el mayor perjuicio"

Noel López (centro), a su llegada a los juzgados para la celebración de la vista oral. Foto: Álex Cámara

Noel López (centro), a su llegada a los juzgados para la celebración de la vista oral. Foto: Álex Cámara

La Fiscalía de Granada ha mantenido este miércoles su petición de inhabiltación contra Noel López, alcalde de Maracena, por la presunta comisión de dos delitos de prevaricación y desobediencia judicial por la construcción de un colector en la Unidad de Ejecución (UE) 14 del municipio y cuyo juicio ha quedado visto para sentencia después de que el Ministerio Fiscal haya reclamado también la imputación del edil de Urbanismo de la localidad.

En la segunda y última vista oral de este caso han declarado testigos presentados por la defensa, que ha reclamado la libre absolución del regidor municipal maracenero. Entre quienes han respondido a las preguntas de las partes se encontraban el arquitecto que redactó el plan parcial número 14, que además es dueño de parte los terrenos en los que se construyó el colector; propietarios de suelo en la zona, el contratista que ejecutó los trabajos o Antonio Garrido, concejal de Obras y Servicios para el que la Fiscalía y la acusación particular han reclamado que sea imputado por deducción de testimonio.

Garrido ha afirmado que en la zona existía un "problema" para la depuración de aguas de la residencia y el centro educativo construidos por el Ayuntamiento y por tanto fue él el que localizó a uno de los propietarios para poder tapar la zanja que quedaba por realizar "con urgencia" para "quitar el peligro" que podía existir ante la presencia de este hueco. Ha incidido en que conocía que la obra estaba suspendida desde octubre por orden judicial y que fue a finales de noviembre cuando se ejecutaron estos trabajos para tapar la zanja, algo que comunicó al alcalde del municipio "dos o tres días después" de que esto ocurriera.

En esta misma línea se ha pronunciado M.P., contratista que realizó las obras, que ha asegurado que a principios de octubre recibió una llamada del edil de Urbanismo para advertirles de que las obras quedaban paralizadas por orden judicial y que se retomaron "un día" en noviembre porque "era necesario acabar las obras por el peligro que había". La zanja que había que tapar, de unos veinte metros de longitud y cinco metros de profundidad, se cubrió porque "el concejal llamó diciendo que tenía permiso del propietario". A su juicio, el peligro era evidente porque aunque no está urbanizada la zona "es un punto por el que pasa mucha gente".

Precisamente, el propietario de los terrenos por los que discurrían los trabajos del colector, que también es el arquitecto del plan parcial 14, ha testificado que él si firmó el convenio y el cambio de sistema por el que se iban a gestionar los solares, aunque otros propietarios no hicieron lo mismo. Lo hizo para "intentar desarrollarlo" y autorizó por escrito a acabar la zanja que llevaba un mes paralizada porque solo afectaba a su propiedad.

Conclusiones finales

En su relato de conclusiones finales, el Ministerio Público ha reclamado que se mantengan los delitos de prevaricación y desobediencia judicial contra Noel López. Por un lado, considera que el alcalde ordenó ejecutar las obras sobre los terrenos "que no son de su propiedad -la del Ayuntamiento-" y que no puede declarar que supo de los trabajos porque vive cerca del lugar de los hechos.

Asimismo ha asegurado que "para salirse con la suya", el alcalde se "encabezonó" y llevó a cabo la ejecución "fuera legal o ilegal", haciéndolo "a sabiendas" de que el proyecto no estaba aprobado y de que el Ayuntamiento no era propietario de los terrenos. También ha pedido al Tribunal que no se olvide que en su declaración inicial "era conocedor de todo" y ha pedido deducción de testimonio sobre el edil de Urbanismo, Antonio Garrido.

La normativa, ha explicado la representante de la Fiscalía, prevé medidas de seguridad sin que fuera necesario retomar los trabajos por posible peligro en la zona. En este sentido se ha referido a la presunta comisión del delito de desobediencia, recordando que hay dos autos que se emitieron para paralizar los trabajos y que existe un acta notarial que demuestra que se ejecutaron las obras. Por todo ello mantiene la petición de nueve años de inhabilitación para el regidor municipal.

Las mismas conclusiones ha extraído la acusación particular, que además reclama la indemnización de 133.000 euros, que sea afrontada personalmente por el imputado, así como 30.000 euros referentes a las costas del proceso. En su escrito, considera que es el alcalde el que comete el delito y ha censurado que el regidor "nunca haya tenido en cuenta a los propietarios" en esta situación. "No tiene sentido que el consentimiento de un propietario sirva para desobedecer al juez", ha señalado el letrado de la acusación, que se ha preguntado por qué nadie avisó al magistrado de que se iban a desarrollar los trabajos para cubrir la zanja.

La defensa

Por último, la defensa ha pedido la libre absolución del alcalde basando su argumentario en que el Ayuntamiento invirtió en la construcción de servicios públicos en la zona y que ante la ausencia de colector afrontaba una disyuntiva que había que resolver. Este "problema esencial" para los servicios urbanísticos fue solucionado "sin mayor perjuicio" porque "no se puede dejar a su amor a que ellos actúen -los propietarios-".

La administración, ha argumentado, pretendió que no se causara perjuicio al resto de propietarios y que los decretos que el alcalde firmó fueron para incoar expediente a los propietarios, "cada uno con sus intereses particulares por los que no se puede dejar llevar la administración".

Ha destacado que no hubo "ni un voto en contra" en el pleno en el que se aprobó el cambio de sistema de compensación a cooperación y ha acusado de contradicciones a la Fiscalía sobre el delito de prevaricación y a algunos de los testigos de la acusación sobre si se reiniciaron o no los trabajos. Se ha preguntado que si el juez emitió sendos autos para la paralización de los trabajos "por qué no se pidió la ejecución" de los mismos.

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