La Fiscalía pide a las administraciones más control sobre VPO de Granada en las que se cultiva 'maría'
El ministerio público advierte que son "alquiladas o cedidas gratuitamente", por lo que con ello se dificulta la acreditación de la titularidad de la plantación
La Fiscalía Superior de Andalucía ha advertido a las administraciones públicas que "sería más conveniente" un mayor celo en el "control" del efectivo uso de las viviendas sociales en Granada en las que se cultiva marihuana, uno de los mayores problemas a los que el ministerio público se enfrenta.
Según recoge en su memoria anual, consultada por ahoraGranada, la Fiscalía recalca que las intervenciones sobre el cultivo de cannabis en el interior de estas viviendas es consecuencia de la "previa labor" e las fuerzas y cuerpos de seguridad, con un "elevado número" de operaciones en la provincia, si bien no se especifican datos al respecto.
De este modo, desde el ministerio público se advierte del "elevado número de plantaciones" que existen en el interior de viviendas cedidas por entidades públicas y cuyo beneficiario "no reside en la misma", pese a que pueda constar "incluso empadronado en otro domicilio".
Estos inmuebles, añade la Fiscalía, son "alquiladas o cedidas gratuitamente", por lo que con ello se dificulta la acreditación de la titularidad de la plantación, salvo en aquellos supuestos en los que existan "vigilancias previas de los agentes o sean sorprendidos en el momento de la entrada y registro realizando labores en relación con las plantaciones intervenidas".
"Esta circunstancia está siendo aprovechada por las organizaciones criminales de la ciudad, generalmente integradas por miembros de una misma familia, con la seguridad que ello lleva aparejada y la imposibilidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de acceder a las mismas", expone el informe de la Fiscalía referente a datos del año pasado, hecho público este martes.
Una "gran problemática"
Del mismo modo, el ministerio público, al frente del que se encuentra en Andalucía Ana Tárrago, recalca la "gran problemática" que las plantaciones de cannabis y los enganches ilegales de suministro suponen para el resto de la sociedad.
Así, pone el acento en el hecho de que ello provoca "continuos apagones" por sobrecarga como por la falta de conexión legal para aquellas viviendas destinadas a moradas por "familias en edificios dedicados en su mayor parte a plantaciones".
La Fiscalía señala, como una "problemática especial", las ocupaciones de inmuebles y la
defraudación de fluido eléctrico, frecuentemente relacionados con los delitos de cultivo de sustancias estupefacientes.
En la actualidad existe "una controversia jurídica" en torno al cannabis, al haberse pronunciado diversos órganos judiciales contrarios a considerar las hojas de las plantas de cannabis sustancia fiscalizada, lo que determinó que la Fiscalía interpusiera Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo estando el mismo pendiente de resolución.
Este tema es el "primer problema criminal" al que se enfrenta la Fiscalía de Granada en la provincia por "extensión", en atención al número de procedimientos incoados, escritos de acusación formulados, juicios celebrados, sentencias dictadas y ejecutorias, siendo el delito que "requiere mayor asignación de medios personales en la actividad diaria" del ministerio público.
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¿Cómo se atreve la fiscalía a poner en duda la imperiosa necesidad de vivienda social, de más vivienda social, de más ayudas y subvenciones de las administraciones? A ver si ahora van a ir en contra del discurso oficial.