martes 3 agosto
La Capital  |   | Luis F. Ruiz - E.P.

La Fiscalía presta "plena conformidad" al archivo de la causa sobre la Casa Ágreda

Considera que la resolución del Juzgado de Instrucción 9 de Granada está "jurídicamente fundamentada"

La Fiscalía Provincial de Granada ha comunicado este lunes que ha prestado "plena conformidad" al archivo de la causa que se seguía sobre la venta de la Casa Ágreda por el Ayuntamiento de Granada a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

En una nota, el Ministerio Público en Granada ha indicado que está de acuerdo con el sobreseimiento y archivo de esta causa acordado por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada el pasado 21 de octubre, al considerar su resolución "jurídicamente fundamentada".

Entonces, el magistrado acordó el archivo al entender que el proceso se ajustó a la normativa vigente y que la operación “no ha quebrado el interés legítimo de los ciudadanos”.

El magistrado tomó esta decisión tras tomar declaración a los investigados en esta causa, entre ellos el que fuera alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), y la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la adjudicación de este inmueble patrimonial del siglo XVI situado en el Albaicín.

En un auto el juez expuso que, de acuerdo a la normativa vigente, el Ayuntamiento -entonces gobernado por el PP- pudo optar por “la adjudicación directa y gratuita del inmueble” a una organización no lucrativa y con fines de interés social, “sin necesidad de acudir a un concurso público”.

Bajo esta premisa, “no parece”, a su juicio, que la operación hubiera “quebrado el interés legítimo de los ciudadanos granadinos, al destinar a un fin de interés social el edificio” en virtud de una “significativa cantidad de dinero para las arcas públicas”, al tiempo que se lograba “la rehabilitación de un inmueble singular del que se albergaba un temor cierto de que se viniese abajo y que periódicamente demandase la realización de obras para impedir el derrumbe del mismo”.

“O que se les cayese encima, como gráfica y coloquialmente aseveró (…) Torres Hurtado en la declaración prestada en sede instructora”, agregó el juez instructor en esta causa, en la que también declararon como investigados otro funcionario del área de Urbanismo y un representante de la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

Respecto al procedimiento en sí, mantuvo el juez que, “con abstracción” de “nimias” disfunciones o “irregularidades de naturaleza meramente administrativas, que en su caso habrían de dirimirse ante la jurisdicción competente, “lo cierto es que (…) el otorgamiento de derecho de superficie con opción de compra por el valor y con el coste de rehabilitación ya circunscrito se atempera a la normativa vigente”.

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