La Guardia Civil realizó una vigilancia a diario para desmantelar la supuesta organización de Albolote
El trasiego en las viviendas de los investigados, el uso de vehículos a nombres de terceras personas o sus relaciones son claves, a juicio de los agentes, para vincularles en los hechos que les imputan
El desmantelamiento de la organización supuestamente dedicada al tráfico y compraventa de drogas en Albolote llevó a la Guardia Civil al menos tres meses de vigilancia y seguimiento con la intención de estructurar y argumentar los indicios que justificaran su detención y, ahora, ingreso en prisión.
El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Organizada de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada inició desde el pasado 30 de marzo un intenso seguimiento a diario de los supuestos implicados en la organización, en los que hubo movimientos y pasos que fueron clave para determinar su supuesta actividad, entre ellos el trasiego de personas en varias viviendas, el uso de vehículos diferentes o las medidas empleadas para intentar escabullirse de la vigilancia policial.
Desarticulación de organizaciones
El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada tiene entre sus principales funciones la desarticulación de organizaciones o grupos criminales dedicados al tráfico de drogas en Granada, teniendo por objeto la identificación de todas las personas nacionales de terceros países que acuden hasta la provincia para la compra de sustancias estupefacientes, normalmente marihuana, siendo el tráfico de esta sustancia un problema grave en la sociedad.
En el informe de los agentes, al que ha tenido acceso ahoraGranada, se recoge con todo tipo de detalles de cómo fueron esas tareas de vigilancia del clan, con la presunta implicación de los padres y dos hijos, a los que la Guardia Civil los considera como presuntos responsables "de manera organizada, estable y continuada" del supuesto acopio y venta de cantidades relevantes de sustancias de estupefacientes, principalmente marihuana.
De este modo, los agentes consideran a los cuatro miembros del clan el cargo de "presuntos líderes" de la organización, contando con un amplio historial delictivo en algunos casos, que incluyen en alguno de sus miembros la pertenencia a organización criminal en 2022 o elaboración de marihuana.
Los guardias civiles también iniciaron tareas de vigilancia sobre el entorno familiar de personas que serían de "total confianza", estando al día de la actividad ilícita sin descartar que participasen en la misma, así como de otras personas con un rol inferior en la estructura, que se dedicarían de "forma directa" a realizar los encargos que estos supuestamente le encomendarían.
Los agentes consideran, por ejemplo, que la compra directa y el transporte de la sustancia de estupefacientes supuestamente evitarían hacerla los presuntos líderes con el fin de eludir responsabilidades ante una actuación policial.
La implicación de otras personas iría desde supuestos vigilantes de las plantaciones, testaferros u hombres de paja, una estructura de la que finalmente han resultado investigadas 14 personas de las que 13 permanecen en prisión por su presunta vinculación a la organización a raíz de la investigación.
Vigilancia continua a diario
Entre algunas de las cuestiones investigadas por el operativo, desarrollado de marzo hasta el pasado 2 de julio, se encuentran tareas de vigilancia en los lugares habitualmente frecuentados por los presuntos integrantes de la organización, fundamentalmente en varios emplazamientos de Albolote, aunque también les llevaron a otros puntos y municipios.
De este modo, los guardias civiles relatan en su informe cómo presenciaron supuestamente la compraventa de droga con actitudes vigilantes, el traslado de un paquete que contenía droga y que fue depositado en una oficina de mensajería, que llegó a ser interceptado por la Guardia Civil en Maracena; o los movimientos y reuniones observadas a diario en las inmediaciones de las viviendas.
En unas de ellas, de la que con posterioridad extrajeron luego plantaciones de marihuana el día de la intervención el 2 de julio; el operativo apunta a que se produciría presuntamente la compraventa de droga, basándose en el trasiego constante de bolsas de basura desde y hacia coches estacionados en las inmediaciones, en cuyo interior irían posibles restos de la plantación.
Un mes después desde que se inició la investigación y seguimiento, los guardias civiles ya apuntan en su informe que "todas las personas que van apareciendo a lo largo de la investigación conformarían un entramado criminal dedicado al tráfico y distribución de marihuana, siendo bastante complicada la operativa de vigilancia, ya no solo por la cantidad de personas relacionadas entre sí que van apareciendo en el desarrollo de la investigación, sino por el continuo intercambio de vehículos entre todos ellos así como los movimientos que se suceden en Albolote o pueblos limítrofes".
Otra de las viviendas sería usada presuntamente como lugar de acopio, guardería, manipulación, envasado y preparación de sustancias para su supuesta distribución.
Los agentes también apuntan a la posibilidad de que la droga fuera vendida a terceros, la mayoría extranjeros, "quienes se encargarían de su transporte y distribución hacia distintos países de Europa, así como a terceros países".
Dificultades
Para el desarrollo de los operativos los agentes encontraron algunas dificultades, como el hecho de que los presuntos implicados utilizaran vehículos alquilados o a nombres de terceros, considerando que esto se hacía "con el fin de dificultar el seguimiento policial, estando estas personas en un escalón más bajo de la organización".
En algunas tareas de seguimiento, incluso, los agentes relatan cómo los vehículos que seguían empleaban contramarchas o conducían a gran velocidad, empleando medidas de seguridad que dificultaban su seguimiento en los lugares frecuentados.
En la operativa observada, los guardias civiles señalan de hecho cómo algunos de los presuntos integrantes del grupo usaba vehículos de alta gama cuyo precio oscila entre 1.000 y 3.000 euros, "pudiendo acceder a ellos sin ninguna actividad laboral detectada hasta el momento".
Este indicio que "refuerza la hipótesis del beneficio económico que los miembros de la organización estarían obteniendo de la actividad ilícita de tráfico de drogas".
En sus tareas de vigilancia los agentes llegaron a solicitar al juez permisos para la instalación de dispositivos de seguimiento de media docena de vehículos así como escuchas y grabación de llamadas entre una decena de supuestos participantes en la organización.
Consideraciones generales
En sus consideraciones generales, los agentes se mantienen en su tesis de la existencia de una organización, destacando de ellos cuestiones como el hecho de su presunta vinculación a personas relacionadas con el tráfico de drogas, supuestamente realizando reuniones de forma "frecuente" y acudiendo a barrios y entornos "de sobra conocidos" por su vinculación con el cultivo, como es el caso del barrio de Almanjáyar.
El uso de vehículos de alquiler o a nombres de terceras personas, el uso de varias viviendas como supuesto lugar de acopio de estupefacientes, "elevadas" medidas de seguridad y presuntas operativas compatibles con el tráfico de drogas también forman parte de los indicios de los investigadores.
Los investigados tendrían relación con personas de nacionalidad extranjera, francesa o belga, así como con ciudadanos extranjeros afincados en Málaga, "usando vehículos o manteniendo reuniones, siendo estos los que realizarían en aporte económico con el fin de llevar a cabo la compra y el acopio de marihuana para realizar el traslado a los países de destino".
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