La juez añade más delitos a 11 de los 17 investigados que los fijados por la UDEF
La magistrada eleva los motivos de la investigación de Torres Hurtado, Isabel Nieto, Manuel Lorente, la exsecretaria, José Julián Romero o García Arrabal, entre otros · En total suman 17 delitos diferentes
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La titular del Juzgado de Instrucción 2, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada, añadió durante los primeros días después de que se destapara la Operación Nazarí más delitos de los que la UDEF empleó para practicar las detenciones el 13 de abril. En concreto fueron 11 de los 17 investigados los que vieron aumentada la presunta comisión de hechos irregulares.
Así se recoge en el sumario del caso, al que ha tenido acceso ahoraGranada, en el que queda constatado que Isabel Nieto es la investigada en esta causa que cuenta con más delitos, con un total de una decena, entre los que se encuentran los de falsedad en documento público, contra la ordenación del territorio, blanqueo de capitales y acoso laboral fijados por la juez.
Sin embargo, la exconcejal de Urbanismo no ha sido la persona implicada en la instrucción del caso Nazarí a la que más delitos añadió la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, ya que en este caso fue la abogada M.F.D. la que vio incrementado más este número con hasta cinco. Mientras la Policía la detuvo solo por los delitos de estafa y falsedad documental, en su declaración en mayo se le añadieron también los de organización criminal, fraude en la contratación, administración desleal, ordenación del territorio y contra el medio ambiente.
El empresario José Julián Romero suma hasta nueve presuntas irregularidades, de las cuales dos de ellas fueron añadidas por la magistrada el día que declaró a través de información privilegiada y contra el medio ambiente. Sin embargo, la juez no le acusó de ser presunto autor de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, como así hizo la Policía.
Su homólogo Roberto García Arrabal cuenta con hasta seis motivos por los que es investigado, de los cuales dos de ellos han sido añadidos exclusivamente por la juez (información privilegiada y contra la ordenación del territorio) y otro solo por la UDEF (cohecho).
El exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, con nueve delitos en total; una funcionaria del área y otra empresaria también vieron incrementada su lista de delitos en tres en comparación con los que la Policía les leyó cuando entró en sus respectivos domicilios. De hecho, la investigada R.M.J. se mostró sorprendida en su declaración ante la magistrada, según revela el vídeo del sumario, ante lo que la juez le recordó que se preguntarían por ellos en dicha sesión.
El exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, también ha sido otro de los investigados a los que el número de delitos aumentó el 12 de mayo. La UDEF lo arrestó por la presunta comisión de tráfico de influencias, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación y cohecho. La juez sumó los de falsedad documental y blanqueo de capitales.
Un delito más, por otra parte, tienen desde el 13 de abril a su declaración en mayo ante la juez investigados como Mercedes López, exsecretaria general del Ayuntamiento; al que la magistrada le sumó el de contra la ordenación del territorio; situación idéntica a la del interventor general, Francisco de Paula; o a la del expresidente de la Asociación de Constructores y Promotores, Enrique Legerén, al que la Policía detuvo por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude en la contratación y al que la juez añadió información privilegiada.
Solo seis de los diecisiete investigados no han visto modificados el número de delitos desde que comenzó la operación del caso Nazarí. Así, el registrador de la propiedad J.C. está presuntamente implicado por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; cuatro funcionarios de urbanismo cuentan con hasta seis delitos cada uno de ellos y el empresario J.L.M. con otros seis; si bien en este caso la Policía le suma otros tres más: cohecho, fraude en la contratación y ordenación del territorio.
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