viernes 29 marzo
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La Junta autoriza una subvención de 4,43 millones de euros para el PTS

Esta ayuda se enmarca en el plan de ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Andalucía para solventar "la grave situación económica y financiera que arrastra este complejo tecnológico"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad a conceder una subvención por importe de 4,43 millones de euros a la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada, para hacer frente a parte de la deuda vencida y pendiente de pago que tiene con el Gobierno central.

Según ha informado la Junta de Andalucía, esta ayuda se enmarca en el plan de ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Andalucía para solventar "la grave situación económica y financiera que arrastra este complejo tecnológico desde hace varios años".

El Parque Tecnológico de la Salud (PTS) acumula con entidades públicas y privadas una deuda superior a los 18 millones de euros, generada por la dotación de infraestructuras tecnológicas para su puesta en marcha y desarrollo, que se financiaron a través de distintas convocatorias de préstamos desde el año 2001.

La deuda procede de tres conceptos: deuda vencida y amortizaciones de créditos solicitados al Ministerio de Economía y Empresa; reintegro de una subvención no justificada con la propia Consejería de Economía, y pagos pendientes con entidades privadas.

La subvención que ahora se autoriza permitirá rebajar ese importe global aún no satisfecho y aliviará el déficit que dificulta la viabilidad del parque. La previsión de la Consejería de Economía es poder liberar esta subvención antes de que termine este ejercicio 2019.

Los 4,43 millones de euros se emplearán, por tanto, en cancelar cuotas de amortización ya vencidas de los años 2016, 2017 y 2018 de créditos contraídos por la fundación gestora del parque con el citado Ministerio.

Según la Junta de Andalucía, en 2017 se diseñó un plan de viabilidad para garantizar la sostenibilidad del recinto tecnológico, que incorporaba la ampliación de la dotación fundacional en 8,4 millones de euros, asumida íntegramente por la Administración autonómica.

Esa aportación propició que el Ejecutivo andaluz pasase a tener una representación mayoritaria del 95,92% y, en consecuencia, la Fundación Parque Tecnológico Ciencias de la Salud se convirtiera en Fundación Pública Andaluza. Esos 8,4 millones se utilizaron entonces para sufragar las deudas vencidas y pólizas bancarias.

Dado que los fondos aportados en 2017 no fueron suficientes y que el Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada es un motor económico de la provincia y un espacio de excelencia especializado en Ciencias de la Vida y la Salud, la Consejería de Economía ha instado a poner en marcha un plan de ajuste, conforme al artículo once de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cancelación de deudas y préstamos

Estos planes se aplican sobre las entidades instrumentales que presentan un desequilibrio de ingresos y gastos en cuanto a los resultados anuales y a la situación patrimonial de fondos propios, con el fin de garantizar la eficacia del sector público andaluz y la sostenibilidad financiera de la Administración autonómica.

En ese plan de ajuste se determinarán las actuaciones concretas a adoptar por cada entidad instrumental, su calendario de aplicación y el impacto previsto. De esta forma, para el ejercicio 2019 no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión para el PTS y se dedicarán todos los recursos a la cancelación de deudas y préstamos.

Esta aportación de capital, que dota de mayor capacidad de actuación a la entidad, se completará con otras medidas orientadas a la generación de ingresos por parte del parque, entre las que podrían analizarse la enajenación a corto y medio plazo de activos, que permitiría una mejora de su liquidez y la financiación de sus gastos de capital.

En paralelo a ese plan de ajuste, la Intervención General de la Junta de Andalucía lleva a cabo desde finales de octubre una auditoría para conocer el funcionamiento económico, financiero, patrimonial, presupuestario y procedimental para corregir las actuaciones que lo requieran.

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