La Junta cifra en unas 25.000 las viviendas irregulares en la provincia de Granada
Desde la Junta de Andalucía se va a poner en marcha un decreto ley que tiene entre sus objetivos poner fin a la complejidad urbanística y se vuelca en la protección ambiental y la simplificación de los trámites
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha participado en Granada en una reunión informativa con alcaldes, técnicos municipales y representantes de distintos municipios de la provincia para explicar el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares.
Marifrán Carazo ha resaltado la importancia de esta ronda de contactos con los ayuntamientos, ya que “las administraciones locales son una pieza esencial a la hora de impulsar el decreto ley”, bien a través de la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) en el caso de las viviendas aisladas o bien a través de la redacción de planes especiales municipales en el caso de los asentamientos irregulares.
La consejera, que ha acudido a este encuentro junto al secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez, el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Morente, y el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, ha indicado que existe una estimación de 25.000 viviendas irregulares en la provincia. Aunque es un problema global, Marifrán Carazo indica que buena parte de ellas se sitúan en el Altiplano, la Costa Tropical –en los límites con Málaga y Almería– o la Alpujarra. “La casuística es muy variada y por eso es de vital importancia estas reuniones con los responsables y técnicos municipales”, ha manifestado.
Marifrán Carazo ha recalcado que el decreto ley quiere dar una respuesta definitiva a la problemática de las viviendas irregulares, aunque “no se trata de ninguna amnistía”. “No queremos generar falsas expectativas a nadie”, ha indicado la consejera, que recuerda que no se pueden acoger al decreto las viviendas donde no haya prescrito el expediente sancionador o que ocupen suelos protegidos. El decreto ley tiene entre sus objetivos poner fin a la complejidad urbanística y se vuelca en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los trámites.
El decreto amplía la declaración de AFO y permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al Registro de la Propiedad, servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado, así como realizar otras obras de reparaciones. Se establecen dos excepciones claras: el que la vivienda esté en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia, o aquellas que se asienten sobre suelo de especial protección.
Los municipios podrán formular, de forma inmediata, un plan especial para la agrupación de viviendas concretas que, se prevé, se pueda resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, frente a los nueve años de media que llevaba hasta ahora la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Los ayuntamientos deberán asimismo prever una serie de servicios mínimos como equipamientos públicos o zonas verdes si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
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