La Junta pide declarar zona catastrófica a 16 municipios de Granada afectados por la serie sísmica
La petición incorpora a Lecrín por los daños ocasionados por el incendio forestal
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado instar al Gobierno de España a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a 16 municipios de la provincia de Granada afectados por la serie sísmica registrada entre la última semana de julio y agosto. La petición incluye a Granada capital y a buena parte de los municipios del Área Metropolitana.
En concreto, la solicitud contempla Alhendín, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega, Cogollos de la Vega, Cúllar Vega, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena, Ogíjares, Santa Fe, Vegas del Genil y Otura, ha señalado la institución andaluza en un comunicado.
Además, la petición incorpora a Lecrín por los daños ocasionados por los incendios forestales registrados en las últimas semanas. El municipio granadino forma parte de los 15 municipios andaluces afectados por grandes incendios que la Junta reclama incluir en la declaración, junto a Las Tres Villas y Nacimiento, en Almería; varios municipios de Huelva y Aznalcóllar, en Sevilla.
La Junta reclama además al Ejecutivo central que adopte con carácter urgente, dentro de sus competencias, las medidas legales necesarias para paliar los daños ocasionados por los movimientos sísmicos y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.
Estos 16 municipios no quedaron incluidos en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 28 de julio, que declaró 211 zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil en 14 comunidades autónomas. La primera declaración ya incorporaba algunos incendios registrados en Andalucía, pero dejó fuera tanto los grandes incendios producidos a finales de julio como la serie sísmica que ha afectado a la provincia de Granada durante las últimas semanas.
Los terremotos han provocado daños materiales en bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios públicos, además de daños personales. Ante la magnitud de estos episodios, el Gobierno andaluz considera justificada la petición de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
La declaración corresponde al Consejo de Ministros, de acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Entre las circunstancias que se valoran para su aprobación figuran los daños materiales que perturben gravemente las condiciones de vida de la población y la paralización de servicios públicos esenciales.
La declaración permitiría activar ayudas económicas a particulares por daños en viviendas habituales y enseres de primera necesidad, compensaciones a los ayuntamientos por gastos derivados de actuaciones urgentes y subvenciones para reparar daños en infraestructuras municipales y redes viarias. También contempla ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como medidas relacionadas con las producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
Además, podrían habilitarse líneas de avales y préstamos preferenciales y medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social destinadas a hacer frente a las consecuencias de la emergencia.
Por su parte, la Junta de Andalucía prevé aplicar las medidas que correspondan al amparo del Decreto 277/2023, que regula las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos, emergencias de protección civil y catástrofes públicas, con el objetivo de reparar los daños y recuperar cuanto antes la normalidad en los municipios afectados.
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