martes 26 enero
EMPLEO  |   | Redacción aG

La Junta propone una batería de ayudas para combatir la precariedad en el mercado laboral granadino

El delegado de Empleo, Juan José Martín Arcos, reúne a empresarios y sindicatos para informarles de las convocatorias abiertas de incentivos a la contratación estable

El delegado de Empleo, Juan José Martín Arcos, en la reunión mantenida este jueves con sindicatos y patronal. Foto: Junta Granada

El delegado territorial de Empleo, Juan José Martín Arcos, ha puesto sobre la mesa este jueves una batería de ayudas a la contratación estable y a la seguridad laboral, cuyas convocatorias tiene actualmente abiertas la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Así, en un encuentro con el secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Luis Aribayos, el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín y el secretario de Juventud de CCOO, Rafael León, Martín Arcos ha pedido "colaboración y máxima difusión" de los incentivos para que "la incipiente recuperación se note por fin en el ámbito laboral”.

"Tras lograr que en esta última legislatura se hayan creado 20.000 puestos de trabajo en la provincia, el siguiente caballo de batalla es combatir la precariedad”, ha explicado al tiempo que ha destacado que a estos programas se han destinado 104 millones de euros.

Los incentivos disponibles se vertebran en cinco grandes líneas: incentivos a la contratación indefinida (con dos variantes), contratación de jóvenes con Bonos de Empleo, prácticas en empresas y ayudas a la seguridad laboral.

Las ayudas al empleo estable están dirigidas a empresas que realicen nuevos contratos indefinidos o transformen un contrato temporal en otro indefinido; en este caso la cuantía oscila entre los 8.000 euros y los 12.100 euros si la persona contratada pertenece a algún colectivo prioritario (desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, personas transexuales) y del sector de la empresa (el industrial opta a una mayor cuantía). En segundo lugar, se encuentran los nuevos incentivos para ampliar la jornada de parcial a completa e indefinida, con una ayuda mínima de 4.000 euros.

La dotación regional de estas dos líneas de incentivos es de 44 millones de euros y la duración mínima de los contratos que se acojan debe ser de 36 meses (tres años) ininterrumpidos. Estas ayudas se pueden solicitar en el plazo de un mes a partir de la contratación o la ampliación de jornada (hasta el 30 de septiembre de 2019). El orden de llegada de las solicitudes en estas dos líneas es crucial, pues la concurrencia no es competitiva, así como su presentación telemática.

La tercera línea son los Bono de Empleo, con 30M€ de presupuesto, a los que pueden optar personas desempleadas de entre 18 y 29 años (inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil) contitulación universitaria o de enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional Inicial o Bachillerato, enseñanzas artísticas profesionales, y enseñanzas deportivas o de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Ser bonista puede facilitar la contratación de una persona joven, ya que lleva aparejada una ayuda de 6.000 euros por contrato a tiempo completo (3.000 si es parcial) de un mínimo de 12 meses de duración.

Las solicitudes se pueden presentar en los 2 meses siguientes al inicio del contrato (hasta el 31 de diciembre de 2019). En este punto, Martín Arcos ha informado que, desde que se puso en marcha esta medida en 2014 y hasta la fecha, se han aprobado 2.580 bonos en la provincia de Granada, con una cuantía de algo más de 10 millones de euros en ayudas. Al mismo tiempo, la Consejería recupera el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), que financia prácticas no laborales en empresas para demandantes de empleo facilitando las primeras experiencias laborales.

La provincia de Granada cuenta con algo más de 3 millones de euros para financiar las prácticas de un total de 962 personas. Este programa incorpora algunas novedades como dar de alta en el régimen general a las personas en prácticas, mayor duración de las mismas (pasan a ser de tres a nueve meses, cuando antes duraban de dos a seis meses), y aumento de la cuantía hasta 430 eurosmensuales (del 75 al 80% del Iprem). Además, las entidades tendrán más tiempo, hasta 2 años, para poder gestionar las prácticas.

Las personas que pueden participar en este programa deben tener título universitario, de FP o de FPE y no tener experiencia laboral (superior a tres meses) relacionada con las prácticas, además de haber terminado sus estudios en los dos últimos años. También pueden participar demandantes de su primer empleo y aquellos que, aunque no tengan estas titulaciones, acrediten su discapacidad o pertenezcan a minorías étnicas y colectivos en riesgo de exclusión.

Seguridad para pymes y autónomos

En quinto y último lugar se encuentran las dos convocatorias de ayudas para que pymes y autónomos puedan mejorar sus medidas de seguridad laboral, con 5,58 millones de presupuesto. La primera está destinada a las pymes que desarrollen alguna de las actividades económicas que durante 2017 reflejaron en la comunidad mayores índices de incidencia por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, construcción, servicios de alojamiento o servicios a edificios y actividades de jardinería). Y, la segunda, es específica para las pymes de la industria manufacturera y los servicios avanzados.

Los incentivos, de entre 1.200 y 15.000 euros, podrán cubrir hasta el 75% de las inversiones que realicen las empresas e irán destinados a financiar, entre otras actuaciones, la compra y renovación de equipos de seguridad laboral. Entre los beneficiarios potenciales se incluyen los autónomos que tengan al menos un trabajador contratado durante el año anterior al inicio del plazo de presentación de solicitud. El plazo de solicitud de estas ayudas se prolongará hasta el 20 de agosto (incluido) y estas deberán presentarse de manera telemática.

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