La ZBE de Granada recibe una docena de recursos ante el TSJA, nueve de ellos de localidades metropolitanas
El alto tribunal andaluz ya ha denegado la petición de medidas cautelares a dos ayuntamientos del Cinturón, aunque deberá resolver a fondo sobre la normativa de movilidad
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha recibido ya una docena de recursos en su sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la capital, de las que nueve de ellas corresponden a localidades del Área Metropolitana.
Desde que fue publicada en mayo del año pasado en el Boletín Oficial de la Provincia, la ZBE de Granada ha sido impugnada a través de la Ordenanza Integral de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada, con la intención de que se rechace su implantación y, en algunos casos, solicitando medidas cautelares para suspenderla provisionalmente, algo que de momento no ha ocurrido.
Fuentes del alto tribunal andaluz han indicado a ahoraGranada que los recursos corresponden en su mayoría a entes públicos, a excepción de uno, que fue presentado por un particular y del que se rechazaron medidas cautelares hace unas semanas.
De este modo, han interpuesto recurso al menos los ayuntamientos de Gójar, Maracena, Pulianas, Otura, La Zubia, Atarfe, Fuente Vaqueros, Cúllar Vega y Armilla, todos del Área Metropolitana granadina y todos gobernados por alcaldes del PSOE.
Además, a ellos se suman el recurso planteado por el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento capitalino y la Asociación de Desarrollo Empresarial y Profesional de Granada.
No todos con medidas cautelares
De los recursos interpuestos no todos han solicitado la implementación de medidas cautelares que suspendan provisionalmente la aplicación de la normativa, si bien el TSJA ya se ha pronunciado sobre dos de ellos, rechazando la solicitud planteada por los ayuntamientos de Armilla y Gójar.
En noviembre se produjo la primera de esas resoluciones, en este caso sobre la planteada por Armilla, la ciudad más poblada del Cinturón, rechazando adoptar medidas provisionales sobre la ejecución de la ordenanza bajo la que se aplica la ZBE.
Solo un mes después se produjo la siguiente resolución, respecto del Ayuntamiento de Gójar, que pedía también medidas cautelares que fueron rechazadas para la suspensión de la ZBE.
El otro recurso sobre el que también ha habido pronunciamiento por parte del TSJA ha sido sobre un particular, que reclamaba una "falta de motivación y ponderado, discriminación por antigüedad/empadronamiento ajena a emisiones reales".
Así, apelaba a que la implantación de la ordenanza generaba "daños de muy difícil o imposible reparación", provocando una "devaluación del vehículo hasta el valor de chatarra y la necesidad de sustitución y endeudamiento".
El TSJA resolvió a este respecto que la suspensión interesada "constituiría un grave perjuicio del interés público, ya que impediría la implantación de medidas que tienden a que la ciudad de Granada deje de ser una de las ciudades con peores indicadores de calidad del aire de España".
En cualquier caso, más allá de las medidas cautelares solicitadas por algunos recurrentes, el alto tribunal deberá emitir resolución sobre la normativa en la capital, de la que ya se han cumplido tres meses desde su implantación.
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