Lorenzo del Río pide sacar a la Justicia de la contienda política y urge a revertir "la degradación institucional"
El presidente del TSJA, con sede en Granada, recalca que "el mantra de que la justicia está politizada no deja de repetirse"
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, Lorenzo del Río, ha recalcado este jueves que la Justicia "debe salir de la contienda política" y ser una "cuestión de Estado, alejada de potenciales réditos electorales", al tiempo que ha urgido a revertir la actual situación, en la que "la degradación institucional es más que evidente y el mantra de que la justicia está politizada no deja de repetirse".
Durante su intervención este jueves en el acto institucional con motivo de la apertura del año judicial en la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA, Lorenzo del Río ha advertido de que la "credibilidad de nuestra justicia" precisa, no solo de una deseada reorganización en su conjunto, sino también "que se vea reforzada institucionalmente" y esto, a su juicio, "es todavía más urgente".
Se ha referido en este contexto a las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, para afirmar que la interinidad de los órganos de gobierno del Poder Judicial "ante el incumplimiento por el poder legislativo del mandato constitucional" de renovación del Consejo, unido -ha dicho- a un injusto vaciamiento de sus competencias más esenciales", ha determinado una "irrebatible visualización de la fragilidad del Poder Judicial en España y de la supeditación en su configuración gubernativa a los vaivenes de la confrontación política".
De hecho, Lorenzo del Río no ve "nada extraño" en este escenario el "descrédito, la desafección y el distanciamiento de la ciudadanía" de la Justicia y lamenta que, pese a que el CGPJ nació para exteriorizar la independencia de los jueces con relación al poder político, la apreciación ciudadana lo sitúa "como prueba de la dependencia de ese poder".
"El daño ya está hecho, la degradación institucional es más que evidente y el mantra de que la justicia está politizada no deja de repetirse", ha agregado llamando a sacar al CGPJ de la "permanente exposición mediática a la que se le ha sometido" para que pueda centrarse "en su misión constitucional de gestionar el día a día de los órganos judiciales".
Para ello, ha instado a superar las diferencias en torno al modelo de configuración del poder judicial y a alcanzar consensos, "partiendo necesariamente del marco constitucional vigente basado en el principio de separación de poderes", a fin de encontrar una fórmula que, "además de zanjar las recomendaciones que nos vienen de fuera, permita para siempre encontrar un equilibrio que destierre esta cuestión de la pugna política".
Contexto andaluz
Centrándose ya en el ámbito de Andalucía, cuando se acaban de cumplir 25 años de competencias en materia de justicia, Lorenzo del Río se ha referido al relevo de los responsables políticos en la Consejería de Justicia -cuyo titular es ahora José Antonio Nieto, que ha asistido junto a otras autoridades al acto celebrado en Granada- y ha lamentado "el obsoleto esquema organizativo, tecnológico y territorial" de la justicia andaluza, que arrastra "déficits importantes en infraestructuras y sedes judiciales".
Ha considerado así "imprescindible e inaplazable" que la Consejería de Justicia garantice una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia, de forma que lleve a cabo, "sin más dilaciones", una reordenación de efectivos y nueva Relación de Puestos de Trabajo adecuada a las actuales necesidades de los órganos judiciales de la comunidad.
En este sentido, ha hecho mención al anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública, "en aras a la importancia de motivar el trabajo responsable, incentivar las buenas prácticas y valorar el desempeño, introduciendo mecanismos de control de eficiencia y calidad por ahora son inexistentes".
En segundo lugar, ha confiado en que la Consejería de Justicia aproveche los fondos del Plan de Recuperación 'New Generation EU' para avanzar en la digitalización de la justicia y la correcta materialización del nuevo sistema de gestión procesal Adriano, en fase de implantación, así como en un canal de atención a la ciudadanía y profesionales, todo ello en un entorno de ciberseguridad.
En tercer lugar ve "fundamental" una mejora de las infraestructuras judiciales, pues, aunque se han producido avances, "continúa el deterioro de algunas sedes judiciales, las necesidades de concentración en otras y de mayores espacios en otros casos". Como ejemplos ha citado la ciudad de Granada, "pendiente de decisiones estratégicas al respecto", varias capitales que no tienen resuelta la Ciudad de la Justicia (Jaén, Cádiz, Huelva) y territorios judiciales significativos como la Costa del Sol o el Campo de Gibraltar.
Fiscalía de Granada
Al acto inaugural del año judicial también ha asistido la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, quien ha puesto el acento en las ayudas comunitarias del Fondo de Recuperación para articular partidas significativas que permitan dar un fuerte impulso al "dilatado" Plan de Modernización de la Justicia.
"Tengan el convencimiento de que las inversiones en Justicia tienen un efecto social en nuestra convivencia, además de dinamizar la economía con la resolución de los problemas" y "refuerza y consolida nuestra democracia con la defensa de las libertades fundamentales", ha defendido Tárrago, quien ha llamado a evitar que la Administración de Justicia presente de nuevo un escenario "con tantas carencias".
Considera así que "éste es un momento propicio para impulsar la puesta en marcha del expediente digital en la Fiscalía y las distintas plataformas de gestión procesal para preservar la eficacia de funcionamiento, continuar con los cambios organizativos de la Oficina Fiscal que se está implantando y atender las necesidades de los edificios judiciales".
Junto a ello, ha considerado "prioritario" avanzar en el desarrollo del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reformar el modelo del actual procedimiento penal. "Un cambio que ya nos obliga Europa para adaptarnos al modelo procesal de los países de nuestro entorno y que atribuirá al fiscal la dirección de la investigación penal. Este cambio implica, "inevitablemente", según ha recordado, que el Ministerio Fiscal disponga de un presupuesto propio singularizado para su gestión y funcionamiento.
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