Los afectados de 'La Azulejera' llevan su caso a la Fiscalía
Medio centenar de familias reclaman al Ayuntamiento la devolución de 240.000 euros y acceso al expediente de 125 VPO que no llegaron a construirse
Afectados y miembros de la oposición han comparecido juntos en el Ayuntamiento de Granada. Foto: aG.
En el año 2009, 52 familias proyectaron su futuro en 'La Azulejera', que a día de hoy es una parcela desierta. Aseguran que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (la disuelta Emuvyssa) sacó a concurso la construcción de 125 Viviendas de Protección Oficial (VPO) y la adjudicaron a una empresa que luego resultó "ser insolvente". A día de hoy, aquellas familias no tienen sus casas y además han perdido 240.000 de los 540.000 que invirtieron. Se sienten "estafadas" y el Ayuntamiento no les permite acceder al expediente de este caso. Sus reclamaciones llegaron al viernes a la Fiscalía, a través de una denuncia que pretende desenmascarar indicios de delito, de presuntas irregularidades urbanísticas.
En la mañana de este jueves, los portavoces de los afectados han comparecido ante los medios en el salón de comisiones del Ayuntamiento, arropados por representantes de los grupos de la oposición. El socialista Francisco Cuenca, Manuel Olivares por parte de Ciudadanos, Marta Gutiérrez de Vamos Granada, y el concejal de IU, Francisco Puentedura han estado presentes.
Allí han explicado su situación. Emuvyssa habría puesto en marcha hace seis años la licitación del terreno de 'La Azulejera', del que resultaría adjudicataria la empresa Youloft Creaciones, S.L, y es ahí donde se sitúa la primera irregularidad que denuncian. Esta compañía "no era solvente", según ha explicado Vanesa García España, una de las afectadas. Consideran que Emuvyssa, una empresa constituida como sociedad anónima pero con potestad pública, debió advertir esta incapacidad en el momento de la concesión. La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, aseguró que Emuvyssa nunca había contactado con particulares para construir nada allí.
Como consecuencia de las limitaciones, explican que se cedió la adjudicación a Granada 125 S.L., una entidad cuya propiedad, reza la denuncia, estaba "en manos de la primera". También aquí detectan una anomalía: se cedió a la segunda empresa incumpliendo los requisitos legales de la Ley de Contratos del Sector Público que, tal y como explican, exige tener ejecutado al menos el 20% del contrato.
En cualquier caso, esta segunda adjudicataria tampoco tenía capacidad para desarrollar el proyecto. Estas familias se convirtieron "a la fuerza" en cooperativistas, pese a que desconocían lo que ello conllevaba. Han explicado que esta cooperativa aportó 540.000 euros para la ejecución de la obra, de los cuales recuperaron 300.000 y 240.000 fueron retenidos (120.000 en licencias, 60.000 en aval y una penalización de 60.000).
Por todo este proceso, que se ha traducido en la pérdida de "entre 7.000 y 36.000 euros" por cada una de las 52 familias, los afectados consideran responsable a Emuvyssa, una empresa pública que echó el cierre en octubre del pasado año, y, subsidiariamente, al Ayuntamiento de Granada. Argumentan en su denuncia ante la Fiscalía que "no se siguieron los controles oportunos para garantizar que la empresa adjudicataria contase con la solvencia y medios necesarios para llevar a cabo el proyecto", y piden la devolución, al menos, del montante de las licencias y la penalización.
La respuesta del Consistorio
A lo largo de estos años han tratado de acceder al expediente municipal de 'La Azulejera', sin éxito. Tampoco lo han conseguido los miembros de la oposición, en su momento exconsejeros de Emuvyssa como Francisco Puentedura o el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid. El Ayuntamiento tampoco ha atendido al requerimiento de la Defensora del Pueblo, que en diciembre se amparó en la inclusión de Emuvyssa, como empresa pública, en el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y en la Ley de Transparencia.
La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, había negado en el mes de noviembre que los afectados hubiesen ingresado dinero en ninguna cuenta municipal o de Emuvyssa y señaló que este ente nunca tuvo "intención de construir nada en 'La Azulejera' y nunca ha contactado con particulares para vender nada” allí. “Ellos sabrán en qué cuenta lo han ingresado”, dijo en referencia a los afectados, “no tenemos constancia de que la empresa sea insolvente, ni tenemos conocimiento de los procedimientos paralelos que se hayan podido producir” entre esas personas y la sociedad".
En su momento presentaron una denuncia contra el promotor, pero no pudieron llevarla a cabo porque las familias "no podían seguir esperando el dinero". Tuvieron que llegar a un acuerdo con este promotor para retirar las denuncias y repartir el dinero del banco entre los afectados, algunos de ellos en "exclusión social", han asegurado este jueves.
Necesitan el dinero, conseguido "con el sudor del trabajo de muchos años" con "urgencia", ha manifestado Rafael García, uno de los compradores. Aseguran que el Ayuntamiento "ni siquiera se ha dignado" a recibirles, por lo que se sienten "desamparados".
En ello coinciden los representantes de la oposición. Francisco Cuenca ha dicho que estas familias "han sido estafadas" y ha ironizado con que "todo lo que toca la señora Nieto es un gran lío". Ha puesto como ejemplo los casos del Serrallo Plaza o el Pabellón Mulhacén.
El concejal de Ciudadanos Manuel Olivares ha expresado que "lo más lógico" es que el ayuntamiento facilite "todos los contratos y cláusulas". En la misma línea se ha manifestado la edil de Vamos Granada Marta Gutiérrez, quien asegura que la administración pública es "cómplice" de esta estafa. Ha puesto como objeto damnificado a las personas, al igual que en la residencia de Huerta del Rasillo o los comedores de la zona Norte. También ha hecho alusión al carácter público de este caso: "Están peleando no solo por lo que es suyo, sino por lo que es de todos".
Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, ha sido contundente al asegurar que "el Ayuntamiento de Granada es responsable de lo que están viviendo estas 52 familias" por adjudicar esta parcela pública a "un estafador" y "sin control ninguno". Este equipo de Gobierno, ha dicho, "tendrá que decidir si está del lado de las víctimas de esta estafa o lo que hace es encubrir al estafador".
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